Abogados ambientales de Comodoro frenan proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, con el apoyo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), ha presentado una acción judicial con el objetivo de prevenir daños ambientales derivados del proyecto Sea Lion. Este emprendimiento, promovido por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas, busca desarrollar actividad petrolera en aguas adyacentes a las Islas Malvinas. La estrategia de la organización se basa en utilizar herramientas legales para abordar la problemática generada por la explotación hidrocarburífera, tanto en el caso de los pasivos ambientales de Comodoro como en este nuevo contexto.

En el caso de Comodoro Rivadavia, la acción legal cuestiona un acuerdo que exime a YPF de responsabilidades vinculadas con daños ambientales acumulados durante décadas de extracción de petróleo. En este sentido, los demandantes reclaman que la empresa sea obligada a finalizar sus obligaciones de restauración ambiental, ya que el impacto de sus actividades ha afectado gravemente el medio ambiente local.

En el nuevo planteo sobre el proyecto Sea Lion, los abogados sostienen que este avanza sobre un territorio que consideran argentino y carece de las autorizaciones ambientales que debieran otorgar las autoridades nacionales. Por esta razón, buscan que la Justicia impida cualquier actividad como perforaciones o tendidos de tuberías, así como el inicio de la extracción de hidrocarburos, aún antes de que se realicen.

Además de la cuestión ambiental, la acción judicial también incorpora un componente financiero, exigiendo la suspensión de contratos y desembolsos económicos vinculados al proyecto Sea Lion. Parte de la estrategia es informar a entidades financieras y mercados internacionales sobre el litigio a fin de evitar que se brinden recursos para su desarrollo.

La abogada Romina Araguás, en comunicación con medios locales, enfatizó que el objetivo va más allá de obtener una resolución judicial, destacando la necesidad de frenar los financiamientos que requiere un proyecto de esta magnitud. Su intención es extender la discusión a niveles internacionales, lo que podría sentar un precedente en la defensa ambiental y territorial.

Araguás también criticó el reciente cambio de postura del Gobierno nacional respecto a la explotación de recursos en Malvinas, subrayando que aún existen mecanismos legales que deberían haberse utilizado para proteger el territorio y el ambiente frente a la actividad petrolera.

En un contexto más amplio, estas acciones reflejan la creciente preocupación de la sociedad civil y de organizaciones ambientales por los efectos de la explotación hidrocarburífera en la Patagonia, en un escenario donde la defensa ambiental cobra cada vez mayor relevancia en la agenda pública.