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Abogados buscan anular acuerdo ambiental de Chubut con YPF por impactos económicos

Un grupo de abogados, junto a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, ha iniciado una acción judicial para anular un acuerdo que permite a YPF reducir sus responsabilidades ambientales. Estiman que la remediación de los daños ambientales en Comodoro Rivadavia podría ascender a 700 millones de dólares, una cifra que se habría ignorado en el acuerdo vigente.

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Abogados buscan anular acuerdo ambiental de Chubut con YPF por impactos económicos

La reciente presentación judicial busca la nulidad del Acta Acuerdo del 26 de junio, así como de la Ley Provincial XVII N°166 que lo respalda. Firmado por Jorge Spíndola y otros abogados locales, el recurso está dirigido contra el Estado Nacional, la empresa YPF y la Provincia del Chubut, en un contexto donde las preocupaciones ambientales están en primera línea.

Los demandantes sostienen que el acuerdo firmado con YPF transgrede la Ley General del Ambiente (LGA) N° 25.675, que establece obligaciones inquebrantables para el Estado y los generadores de daño ambiental. Argumentan que esta resolución busca reemplazar una remediación técnica adecuada por una compensación económica insuficiente de 25 millones de dólares, que consideran inadecuada para enfrentar el pasivo ambiental de la zona afectada.

Los abogados resaltan que el Acta Acuerdo y la Ley Provincial violan principios fundamentales como el de Responsabilidad, que establece que el causante del daño debería asumir los costos de su reparación antes que cualquier acuerdo económico. También critican que el pacto disminuye notablemente los niveles de protección ambiental previamente existentes, violando el principio de Progresividad y No Regresión.

Uno de los puntos fuertes de esta demanda es que el acuerdo fue establecido sin consultar a la comunidad afectada, lo que desconoce el derecho de participación ciudadana e información pública en asuntos que comprometen la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

El acuerdo había sido aprobado por la Legislatura, estableciendo una compensación que incluye bienes y propiedades por un total de 25 millones de dólares, a cambio de liberar a YPF de futuras obligaciones relacionadas con la remediación de pasivos ambientales. Sin embargo, los reclamantes afirman que la provincia permitió esta liberación sin tener un diagnóstico claro sobre el alcance de los daños ambientales.

A su vez, la presentación evidencia contradicciones entre lo dispuesto en el Acta Acuerdo y las normativas de la Secretaría de Ambiente provincial. Mientras que el convenio afirma que las auditorías reflejan de forma completa la situación ambiental, las disposiciones administrativas requieren realizar nuevos relevamientos que no se han llevado a cabo, lo que muestra la falta de rigurosidad en la evaluación del impacto ambiental en Comodoro Rivadavia.

Este conflicto implica no solo cuestiones legales y ambientales, sino también una profunda preocupación económica para la región, dado que la remediación de pasivos en Comodoro podría llegar a costar hasta 700 millones de dólares, un monto considerable que supera ampliamente la compensación acordada.

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