Abren sumario a fiscal de Rawson por denuncias de maltrato laboral

El Consejo de la Magistratura de Chubut ha decidido abrir un sumario administrativo en contra de la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez. La medida fue adoptada por unanimidad, a raíz de una denuncia presentada por el procurador general, Jorge Miquelarena, respaldada por testimonios de varios trabajadores que han señalado comportamientos de maltrato laboral en la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales.

Cuatro empleados han expresado su malestar mediante denuncias que detallan experiencias de destrato y humillación, así como amenazas que afectarían su estabilidad laboral. Uno de los relatos más impactantes proviene de un trabajador que describió un episodio en el que la fiscal le ordenó viajar desde Rawson a Trelew para llevar a cabo una entrevista, sin considerar que él carecía de recursos para el traslado. La respuesta de Gómez, que implicaba un desprecio evidente, fue catalogada como provocadora y despectiva, lo que llevó al empleado a una crisis emocional.

Otros testimonios continúan describiendo un patrón de conductas degradantes por parte de Gómez. En una situación marcada por la humillación, la fiscal habría menospreciado una solicitud de traslado de dos empleados, rompiendo la carta presentada en su presencia y expresando que no le importaba. Este tipo de actos ha sido descrito como parte de un ambiente laboral hostil que perjudica la motivación y el bienestar de los trabajadores.

Parte de las acusaciones a la fiscal también incluye la difusión de comentarios despectivos hacia empleados que eran considerados como “blancos” de sus críticas. Además, se han denunciado órdenes inusuales e impropias, como el requerimiento de mover escritorios como una forma de sanción.

La investigación se llevará a cabo bajo la supervisión de Fanny Ávalos, luego de que los consejeros evaluaran detalladamente las denuncias presentadas. Esto refleja un cambio significativo en la gestión de la fiscalía en Rawson, que deberá rendir cuentas por las prácticas laborales denunciadas que afectan directamente a los empleados en una de las áreas más sensibles de la administración de justicia.

El proceso administrativo podría dar lugar a sanciones más severas, dependiendo de las pruebas que se recojan durante la investigación, lo que subraya la importancia de abordar el maltrato laboral dentro de las instituciones públicas. De esta forma, el caso mantiene en vilo a la comunidad local que espera claridad y justicia respecto al comportamiento de sus funcionarios.