Accidente durante partido de fútbol 5: deberá cobrar $78 millones

Un hombre que sufrió una grave lesión mientras jugaba al fútbol 5 decidió emprender acciones legales contra el complejo deportivo donde ocurrió el accidente. El incidente, que tuvo lugar en febrero de 2020, resultó en una fractura de tobillo que dejó secuelas permanentes para el jugador, quien al momento del accidente tenía 32 años.

La demanda fue interpuesta en la Cámara Civil de San Isidro alegando que la lesión se debió a un defectuoso estado del césped sintético, en el cual había un hueco que atrapó su pie, provocando la caída. Los testimonios de los presentes reafirmaron la situación del campo de juego y cómo se produjo el accidente, lo cual fue considerado verosímil por el tribunal, a pesar de que algunos testigos tenían una relación de amistad con el demandante.

La empresa responsable del complejo deportivo intentó desestimar la demanda, argumentando que no existían evidencias del desperfecto y que el jugador no había notificado el accidente en el momento. Sin embargo, la Cámara desestimó estas objeciones al considerar la presunción favorable hacia el jugador debido a la condición de rebeldía procesal de la demandada, que no se presentó a la audiencia.

El tribunal determinó que al alquilar la cancha se había establecido una relación de consumo, lo que obligaba al complejo a garantizar la seguridad de sus instalaciones. Como resultado, se resolvió que el complejo era culpable de la falta de condiciones adecuadas en su superficie de juego, lo que llevó a los jueces a establecer una compensación significativa para el demandante.

El jugador requirió cirugía y un largo período de rehabilitación tras la fractura de tobillo. Además de las complicaciones físicas, se detectaron secuelas emocionales que incluyeron un trastorno adaptativo crónico, lo que derivó en un 10% de incapacidad psíquica. La incapacidad total fue fijada en un 30,82% al combinar los impactos físicos y emocionales de la lesión.

Los jueces estimaron que la indemnización por incapacidad psicofísica ascendía a 56.388.966,69 pesos, mientras que el daño moral se evaluó en 22.500.000 pesos, lo que totaliza un importe de 78.888.966,69 pesos. Esta resolución marca un importante precedente en materia de responsabilidad civil y seguridad en predios deportivos en la región.

El fallo no solo impacta en el demandante, sino que también plantea interrogantes sobre las condiciones de las instalaciones deportivas en la zona, alentando a otros jugadores y complejos a revisar los estándares de seguridad para evitar situaciones similares en el futuro.