Aclaraciones sobre la cifra de "20 mil terroristas" en discurso de Milei
Adrián Ravier, vocero del presidente Javier Milei, buscó aclarar afirmaciones sobre la deportación de "20 mil terroristas" en 2026. Los datos oficiales revelan que la mayoría de las expulsiones se deben a incumplimientos migratorios y no necesariamente a terrorismo.
El vocero de la presidencia, Adrián Ravier, tuvo que realizar una aclaración sobre una polémica afirmación hecha por el presidente Javier Milei. En una reciente entrevista, Milei indicó que el Gobierno había deportado 20.000 terroristas en lo que va del año, cifra que incluía también a 10.000 deportados del año anterior. En una conferencia de prensa, Ravier corrigió el enfoque, especificando que no todos los deportados se clasifican como terroristas, explicando que muchos simplemente no cumplían con los requisitos migratorios establecidos por Argentina.
La información proporcionada por Ravier mostró que aproximadamente el 72,3% de las deportaciones se debieron a que los deportados intentaron ingresar al país sin cumplir los requisitos legales, y no necesariamente a razones de seguridad nacional. Entre los países de origen de los deportados, el 21,7% eran brasileños, seguidos de ciudadanos de Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia.
Conforme a los datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad, se efectuaron 744 expulsiones y se registraron 18.947 impedimentos de ingreso de diciembre de 2025 a agosto de 2026. Ravier indicó que los números presentados por el presidente, que alcanzaban casi 20.000, se fundamentan en diferentes criterios que las estadísticas oficiales no sostenían, revirtiendo la categorización de los deportados.
Las estadísticas oficiales no incluyen registros que clasifiquen a individuos como terroristas, y la mayoría de las deportaciones se relacionan con faltas administrativas. De las intervenciones mencionadas en los informes, 8.008 fueron catalogadas como infracciones migratorias y 6.298 por falta de documentación habilitante.
Ravier también se refirió a otros temas, como los recientes cambios en el personal de la residencia presidencial de Olivos, que incluyeron el despido de al menos 12 empleados. Esto fue justificado por motivos de seguridad ante la visita programada del papa León XIV y se mencionaron nuevas amenazas dirigidas a funcionarios de alto nivel como factores determinantes.
Este incidente ha suscitado preocupaciones sobre la veracidad y uso de datos en declaraciones gubernamentales, lo que podría impactar la percepción pública y la credibilidad del Gobierno en temas sensibles como la seguridad nacional y la inmigración.