Acusan a cinco mujeres por estafa a 600 personas en viviendas sociales
En Chubut, cinco mujeres han sido acusadas de estafar a casi 600 personas interesadas en adquirir viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda en Comodoro Rivadavia. Los movimientos económicos superan los 60 millones de pesos, según la investigación fiscal.
Un fiscal en Chubut ha formalizado la acusación contra cinco mujeres por su presunta participación en una estafa que involucró a cerca de 600 afectados que buscaban obtener viviendas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Comodoro Rivadavia. La denuncia se hizo efectiva el 8 de octubre de 2026, tras una investigación que reveló maniobras engañosas para obtener dinero de los interesados.
Desde abril de 2023 hasta febrero de 2024, el grupo liderado por Vanesa Elizabeth Fita solicitó a potenciales beneficiarios un pago inicial de aproximadamente 100.000 pesos, seguido de cuotas mensuales. Las acusadas se presentaban como intermediarias en la obtención de casas construidas o en construcción, alegando vínculos con funcionarios del IPV, aunque carecían de la autorización necesaria para tal actividad.
De acuerdo con el fiscal Martín Cárcamo, se estima que los movimientos financieros comprometidos superan los 60 millones de pesos. La investigación se basa en la recolección de 80 denuncias y una extensa digitalización de datos que alcanza los 700 gigabytes, incluyendo registros bancarios y comunicaciones digitales que respaldarían la acusación.
Los investigadores también analizaron el papel del IPV en la situación de las implicadas, lo que podría haber arrojado luz sobre la posible complicidad de funcionarios, aunque esta hipótesis fue desestimada durante el proceso. Sin embargo, las pesquisas revelaron que las acusadas manipulaban la situación, generando un escenario de expectativa en grupos de chat donde mantenían a los interesados engañados sobre la adquisición de sus viviendas.
A través de análisis de cuentas y transferencias, se evidenció que las mujeres involucradas no estaban ejecutando actividades legítimas relacionadas con el desarrollo de vivienda social. La fiscalía busca establecer la magnitud de la estafa, que significativamente afectó a un gran número de personas en una comunidad ya vulnerada por la crisis habitacional en la región.
Este caso refleja no solo la importancia de la regulación en el sector de la vivienda sino también la necesidad de protección de los derechos de los ciudadanos ante posibles fraudes. La causa avanza en los tribunales mientras que las víctimas intentan recuperar los fondos perdidos y lograr el cumplimiento de sus derechos.