Acusan a ex empleados de ANDA en un caso de corrupción en El Salvador

La Fiscalía General de la República de El Salvador está llevando adelante un caso relevante de corrupción que implica a ex empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en Santa Ana. Las investigaciones iniciaron en 2025, tras una alerta de la gerencia legal de la ANDA sobre una red que operaba tanto con trabajadores de la institución como con ciudadanos individuales. Las autoridades han formulado cargos contra un total de doce personas, entre las que se encuentran nueve empleados de la ANDA y tres particulares.

Los delitos que enfrenta este grupo incluyen cohecho propio, cohecho activo, fraude de servicios, estafa agravada y agrupaciones ilícitas. Las irregularidades se habrían desarrollado entre marzo de 2024 y febrero de 2025, período en el cual se estableció que los acusados solicitaban pagos que oscilaban entre 1,000 y 3,000 dólares para acelerar servicios a usuarios que, bajo condiciones normales, deberían recibir de manera económica y rápida. Estas gestiones abarcaron desde conexiones de agua potable hasta la legalización de instalaciones previas.

El mecanismo de operación consistía en que los empleados de la ANDA retenían o rechazaban solicitudes a usuarios cuando, en realidad, existía viabilidad técnica para procesarlas. Posteriormente, un particular contactaba a los afectados con una oferta de gestión rápida por un costo adicional. Como resultado, la Fiscalía ha identificado a más de 200 personas que fueron estafadas, ya que los servicios prometidos rara vez se concretaron.

La recopilación de evidencias incluye documentación, testimonios y pericias que dan cuenta del accionar delictivo y de cómo los implicados abusaban de su posición en la ANDA. La Fiscalía señala que no solo se ha afectado a los usuarios, quienes se encontraron en situaciones vulnerables, sino que también se ha perjudicado la imagen institucional de la ANDA, reforzando la necesidad de políticas estrictas en la lucha contra la corrupción en el sector público.

El caso se ha convertido en un emblemático ejemplo del impacto negativo de las redes corruptas en el acceso a servicios básicos, lo que pone de relieve la urgencia de fortalecer la integridad en las instituciones gubernamentales. En la próxima fase del juicio, que la Fiscalía ya ha solicitado, se determinará la situación jurídica de los acusados y las posibles reparaciones a las víctimas afectadas.

El avance del juicio puede servir como un precedente en la lucha contra la corrupción, y el proceso seguirá su curso en los tribunales correspondientes, lo que refleja el compromiso de las autoridades salvadoreñas por garantizar un uso transparente de los recursos públicos.