Advierten sobre ilegalidad al suspender ayudas a menores migrantes en Aragón

La Plataforma de Infancia de España ha manifestado su preocupación ante la reciente decisión del Gobierno de Aragón de suspender las ayudas económicas semanales destinadas a menores migrantes no acompañados. Según estas organizaciones, dicha medida no solo es injusta, sino que también va en contra de la legislación vigente que protege a todos los niños bajo tutela del sistema, independientemente de su nacionalidad u origen.

El anuncio de esta suspensión ha generado un gran rechazo entre diversas entidades que velan por los derechos de la infancia. Estas organizaciones han solicitado formalmente al Gobierno aragonés que reconsidere su postura, subrayando que la eliminación de estas prestaciones contradice el principio del interés superior del niño, que debería guiar toda acción pública relacionada con la infancia.

Además, las entidades han expresado su intención de llevar el caso ante el Defensor del Pueblo, enfatizando que esta medida representa una clara violación de los derechos de los menores extranjeros, creando una distinción adversa en la atención entre niños de diferentes nacionalidades. La legislación española y diversas normativas internacionales, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, estipulan que todos los niños deben recibir protección y cuidados equivalentes, sin discriminación alguna.

A su vez, se destaca que la Constitución Española, en su artículo 39, refuerza la obligación de las administraciones públicas de salvaguardar los derechos de la infancia, garantizando su bienestar y protección frente a cualquier situación de vulnerabilidad.

Las organizaciones también han alertado sobre el incremento de actitudes de odio hacia la población infantil migrante, y han instado a los poderes públicos a fomentar un discurso positivo que respete los derechos humanos. Esta tarea es esencial para evitar la estigmatización de los menores, quienes ya enfrentan múltiples desafíos por su situación de vulnerabilidad.

Con el aumento de efectivos migratorios y el desafío que representan para las políticas sociales, el caso de los menores migrantes en Aragón resuena como un claro ejemplo de las tensiones que pueden surgir entre la protección de los derechos humanos y las decisiones gubernamentales que pueden percibirse como excluyentes.