Alerta por influencia del crimen organizado en elecciones de Guerrero

Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), ha destacado la creciente influencia del crimen organizado en Guerrero, uno de los estados de México más afectados por este fenómeno. Según lo señalado por Molina en un evento en Acapulco, en ciertas regiones del estado, los grupos delictivos han llegado a ejercer una especie de control administrativo que reemplaza la función del Estado, lo que impacta directamente en la vida pública y electoral.

El caso del asesinato de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, a pocos días de asumir su cargo, pone de relieve la gravedad de la situación. Este tipo de crímenes ilustra cómo la presión delictiva puede derivar en la eliminación de líderes políticos o en el desinterés de las candidaturas, un problema que se acentúa en localidades donde el crimen organizado tiene un control territorial significativo.

Molina identifica un corredor específico en Guerrero, que abarca Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Tlapa, como el más afectado por la injerencia delictiva. La corrupción y la violencia no solo distorsionan el proceso electoral, sino que también contribuyen a un clima de inseguridad que reduce la participación ciudadana y afecta la plena expresión de la voluntad popular.

Desde las elecciones de 2021, el exfuncionario reporta evidencia de la infiltración de recursos del crimen organizado, lo que se refleja en resultados electorales atípicos, con márgenes de victoria en diversas regiones que no pueden explicarse sin considerar la posible intervención de estas organizaciones delictivas. Según Molina, la situación es preocupante en varios estados, incluyendo Baja California y Michoacán, donde las diferencias en los resultados superan las expectativas normales, sugiriendo una manipulación por parte de actores ilegales.

Ante esta alarmante realidad, el INE ha comenzado la implementación de una nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, creada por reformas aprobadas en 2026. No obstante, Molina sostiene que estas medidas deben ir acompañadas de un enfoque más severo hacia los partidos políticos que postulen candidatos vinculados con el crimen. Propone que la sanción pase también a las fuerzas políticas, con el fin de que estas enfrenten consecuencias por la selección de candidatos que actúan en complicidad con el crimen organizado.

Por otro lado, Molina también critica la forma en que algunos partidos, como Morena, llevan a cabo procesos internos para elegir a sus líderes, argumentando que estos pueden considerarse campañas anticipadas y deberían ser sancionadas. Este contexto de desigualdad y corrupción electoral en Guerrero no solo afecta a los candidatos, sino que también impacta en los procesos democráticos a nivel nacional, donde la integridad y la confianza en las instituciones se encuentran seriamente comprometidas.