Análisis del impacto del fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras en Neuquén y Río Negro

El 29 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata carecía de legitimación para promover un amparo contra el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales. Este fallo ha generado un amplio debate entre juristas, investigadores y legisladores, quienes señalan la necesidad de que la Cámara de Diputados actúe en relación al decreto, ya que este aspecto se encuentra bajo su jurisdicción.

El jurista Pablo Gutiérrez Colantuano explicó que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de decidir si acepta o rechaza el DNU 70/2023. Al respecto, en la Corte se subrayó que la controversia sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras no fue resuelta; simplemente se trató de una cuestión procesal. Esto significa que el fallo no avala ni niega la derogación de la ley, dejando la puerta abierta a futuros pronunciamientos si se presentan casos judiciales válidos por parte de aquellos con legitimación.

Desde el CECIM, se había argumentado previamente que contaba con la legitimación para impugnar el DNU. Sin embargo, la Corte consideró que este organismo no poseía tal legitimidad, lo que derivó en que el decreto continúe en vigor. Esta decisión ha generado fuertes reacciones en distintos sectores de la sociedad, que ven peligrar la protección de las tierras rurales.

El impacto del fallo es significativo, ya que, a partir de ahora, no existen limitaciones para que extranjeros adquieran tierras que antes contaban con protección. Esta flexibilización, según los expertos, podría cambiar la dinámica de la tenencia de tierras en el contexto patagónico, donde la agricultura, la ganadería y el desarrollo inmobiliario son actividades económicas clave.

Los especialistas también destacan que el fallo de la Corte no establece un precedente claro sobre la constitucionalidad del artículo 154, lo que podría dejar abierta la cuestión para futuros litigios. La situación es particularmente relevante para las provincias de Neuquén y Río Negro, donde las tierras rurales son un tema central en el debate sobre la propiedad y la inversión extranjera.

Ahora, con la mira puesta en la Cámara de Diputados, los legisladores tendrán que considerar el amplio rechazo social y las implicancias legales del DNU, en un momento donde se busca también un equilibrio en el manejo de los recursos naturales y la oferta inmobiliaria en la región.

A medida que avanza el debate político, la cuestión de la propiedad de tierras rurales y su protección constituirá un tema crucial en la agenda legislativa, lo que podría tener consecuencias a largo plazo en el desarrollo regional y la cohesión social en la Patagonia.