Aprobación de la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad
El proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad recibió la aprobación de la Cámara de Diputados con un notable respaldo, alcanzando 237 votos a favor. Ahora, el texto avanza hacia su tratamiento en la Cámara de Senadores para su eventual sanción.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad después de un extenso debate que duró cuatro horas. La votación final fue de 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, mostrando un amplio apoyo de todos los bloques políticos, a excepción de una minoría de representantes de Córdoba y la abstención del Frente de Izquierda. El próximo paso será su tratamiento en la Cámara de Senadores.
Una de las disposiciones más relevantes del proyecto es la ratificación de la compatibilidad de la Pensión no Contributiva por Discapacidad con el trabajo formal, permitiendo que los beneficiarios puedan acceder a esta pensión sin perderla al ingresar al mercado laboral. Además, la ley permite la coexistencia de esta pensión con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, lo cual representa un alivio para las familias afectadas.
El proyecto también garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas conocido como Incluir Salud, asegurando que este servicio fundamental para las personas con discapacidad no se vea interrumpido. Asimismo, se establecen las asignaciones presupuestarias necesarias para su funcionamiento, utilizando recursos especificados en la Jurisdicción 91 del Proyecto de Presupuesto 2027.
Otra obligación que se incluye es la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en la formulación de políticas públicas relacionadas con la discapacidad. Esto se considera un paso importante hacia una inclusión efectiva de las voces de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que los afectan directamente.
El nuevo marco legal también contempla un proceso de notificación formal ante posibles suspensiones de beneficios, asegurando que los beneficiarios tengan un plazo de 60 días para realizar su descargo y que haya una revisión posterior por parte de la autoridad competente. Esto busca proteger los derechos de quienes dependen de estas prestaciones.
Finalmente, a solicitud de los bloques aliados y del sector de la oposición que alcanza un diálogo, se ha dispuesto un cronograma para la regularización de las deudas pendientes con los prestadores de servicios, que deberá ser informado dentro de los 30 días siguientes a la sanción de la ley, culminando en un plazo de 90 días para la cancelación completa de dichas deudas.