Aprobación en Diputados de cambios a la ley de discapacidad, ahora al Senado

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto para modificar el esquema de atención a personas con discapacidad, que ahora será enviado al Senado. Esta decisión, que se logró con un respaldo significativo de 237 votos a favor, muestra un cambio positivo en la dinámica legislativa en temas de discapacidad, que había generado tensiones en los últimos días entre los distintos bloques parlamentarios.

La propuesta, impulsada en gran medida por el oficialismo, responde a reclamos que se habían planteado tanto por organizaciones vinculadas a la discapacidad como por prestadores de servicios de salud. Uno de los puntos críticos abordados es la regularización de las deudas que el Estado tiene con estos prestadores, que ascienden a alrededor de $278.323 millones. Esta medida busca garantizar que los pagos se realicen dentro de un cronograma específico para aliviar la situación financiera de los servicios involucrados.

Entre los cambios más destacados, el proyecto establece que el Ejecutivo deberá presentar un cronograma de pagos a los prestadores dentro de los 30 días de la entrada en vigencia de la ley, asegurando además que se regularicen las compensaciones pendientes en un plazo no mayor a 90 días. Esta es una respuesta directa a las críticas que surgieron durante el debate, donde se cuestionó la falta de financiamiento en el presupuesto nacional.

El proyecto también implementa mecanismos para que los fondos destinados a las prestaciones no pierdan valor debido a la inflación, asegurando su ajuste mensual conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La inclusión de estas medidas busca otorgar mayor previsibilidad y seguridad económica a las personas con discapacidad y a sus prestadores, en un contexto de creciente preocupación por los efectos de la inflación en los servicios sociales.

Además, incluye un refuerzo del financiamiento, permitiendo que se utilicen recursos del Tesoro Nacional si las partidas asignadas al Ministerio de Salud resultan insuficientes. Este aspecto es crítico, dado que las restricciones presupuestarias habían sido un tema recurrente en el discurso de la oposición, que anteponía la necesidad de prolongar la emergencia en discapacidad.

El proyecto también establece, por primera vez en la ley, los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que previamente eran decididos por el Poder Ejecutivo. Esta regulación busca aportar mayor transparencia y claridad en el proceso de solicitud de prestaciones.

Con la media sanción en Diputados, el siguiente paso será su debate en el Senado, donde se espera que continúe la discusión sobre los elementos incorporados y su alineación con las demandas del sector. Esta aprobación en la Cámara baja marca un avance significativo en la política de discapacidad en el país.