Archivado el caso del hackeo al legajo de Weretilneck sin culpables identificados
La Justicia penal archivó el caso de la filtración de datos del gobernador Alberto Weretilneck, al no considerarlo de acción pública. Un nuevo proceso dependerá de si el mandatario actúa como afectado.

La causa judicial relacionada con la filtración de datos personales del gobernador Alberto Weretilneck fue clausurada por la Justicia, según lo dictaminado por el juez Adrián Dvorzak. Esta decisión se produce ante la inadmisibilidad de un recurso presentado por la fiscal Yanina Estela Passarelli, quien cuestionó la resolución anterior del magistrado, quien había determinado que la causa se encuadraba en delitos de acción privada y, por lo tanto, no se iniciaría persecución penal.
La decisión del juez Dvorzak se centra en cuestiones procesales y no aborda la posibilidad de acceso ilegal al sistema informático de la Casa de Gobierno ni la identificación de responsables. De esta manera, la investigación sobre el caso dependerá ahora de la acción que tome el gobernador Weretilneck, quien podría actuar como afectado, según las normas que rigen este tipo de delitos.
Los artículos implicados en la resolución, que se vinculan a la violación de privacidad y secretos, requieren la iniciativa del afectado para avanzar en el proceso. La Fiscalía había sostenido que estos delitos debían considerarse de acción pública, pero el juez argumentó que las críticas de la fiscal no aportaron pruebas concretas que justificaran la intervención de la Fiscalía en el caso.
El hecho había salido a la luz a fines de junio, cuando parte del legajo de Weretilneck, en particular su recibo salarial, apareció en las dependencias de Casa de Gobierno. Tras el descubrimiento, el gobernador convocó a la empresa Altec para investigar el incidente y se formalizó una denuncia penal por el supuesto hackeo, que mencionaba a un agente público como posible responsable.
El gobierno provincial considera que la situación se podría clasificar como acceso ilegítimo a sistemas informáticos y a datos personales, con penas que van de 15 días a un año, según el Código Penal. La denuncia original imputaba también la posibilidad de que el caso encuadrara en delitos de peculado, lo que añade un grado de gravedad a la situación.
Con el archivo de la causa, queda en suspenso la posibilidad de que se informe más sobre lo ocurrido y de que se identifique al presunto responsable. A partir de este momento, el futuro del caso dependerá de las acciones que el gobernador decida tomar respecto a su propia situación afectada por la filtración de información.