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Archivan denuncia de senadora fueguina por agresiones en el Senado

La Cámara Federal de Apelaciones desestimó la denuncia de la senadora Cándida Cristina López tras un incidente ocurrido en su despacho en diciembre de 2025. La decisión se basó en la falta de pruebas concretas que corroboraran los hechos denunciados.

Por Karina Poritzker5 min de lectura
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Archivan denuncia de senadora fueguina por agresiones en el Senado

La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires decidió archivar la denuncia presentada por la senadora fueguina Cándida Cristina López, quien había denunciado haber sido agredida al intentar ingresar a su despacho en diciembre de 2025. En su resolución, el tribunal ratificó que los elementos de prueba recolectados no eran suficientes para identificar a los posibles agresores ni para corroborar su versión de los hechos.

El conflicto se originó cuando López denunció que la vicepresidenta Victoria Villarruel ordenó el cambio de cerradura de su despacho, el cual se encontraba cerrado y custodiado por personal de seguridad al momento de su intento de ingreso. Según la denuncia, en su regreso al despacho el 1° de diciembre, fue empujada y golpeada cuando trató de acceder al lugar con un cerrajero, además de haber sufrido tocamientos y amenazas dirigidas a su acompañante.

Tras evaluar la apelación de la senadora, la Cámara consideró que aunque había evidencias de un conflicto administrativo sobre el acceso al despacho, no se logró establecer una imputación penal clara. La jueza María Eugenia Capuchetti ya había dictado el archivo inicial de la causa, enfatizando que las pruebas presentadas no permitían reconstruir de manera fehaciente lo ocurrido durante el episodio.

López y su equipo legal plantearon que el archivo de la denuncia fue prematuro y arbitrario, argumentando que el tribunal no consideró adecuadamente la posibilidad de que se tratara de un caso de violencia política y de género. La senadora también cuestionó que se pasara por alto la necesidad de realizar una pericia psicológica forense y que el cierre del despacho fuera simplemente considerado como un asunto administrativo.

Los magistrados del tribunal, al responder a estas inquietudes, afirmaron que se había solicitado al Senado toda la documentación relacionada con las circunstancias del cierre del despacho y la actividad del personal presente en ese momento. La Cámara advirtió que si surgieran nuevas evidencias que sustenten la denuncia, la causa podría ser reabierta en el futuro.

El impacto de este conflicto no solo afecta a la senadora, sino que también arroja luz sobre las tensiones políticas dentro del Senado, particularmente en lo que respecta a la gestión del acceso a los despachos legislativos. En medio de un contexto donde la violencia política es un tema de preocupación creciente en el país, este caso destaca la importancia de garantizar un ambiente seguro y accesible para todos los funcionarios.

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