Asesinato de comunero indígena y escolta en Colombia genera alerta en la comunidad

El pasado 1 de agosto, un ataque armado en Florida, Valle del Cauca, Colombia, dejó como resultado dos personas asesinadas y otras dos gravemente heridas. Las víctimas incluyen a Haminton Daniel, un comunero indígena que fue asesinado, y Andrés Machín, un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyo deceso también se confirmó. La agresión se produjo mientras se desarrollaba una reunión de autoridades indígenas del Resguardo Kwesx Yu Kiwe. Tanto Julián Mauricio Gutiérrez, autoridad mayor del resguardo, como Jhon Lemus, otro escolta de la UNP, resultaron heridos en el ataque.

La Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa denunció el hecho y lanzó una alerta a la comunidad nacional e internacional sobre el “exterminio físico” en contra del pueblo Nasa, una comunidad que históricamente ha enfrentado violencia en Colombia. La representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Ana Erazo, también se pronunció, condenando el ataque y demandando un despliegue inmediato de fuerzas de seguridad para proteger a la población indígena en la zona. Erazo subrayó que es imperativo garantizar la seguridad de quienes se encuentran en los centros médicos donde se están atendiendo a los heridos.

Este ataque se produce en un contexto político de alta tensión en Colombia, dado que poco tiempo antes de este evento, se espera la asunción del nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella. Las autoridades han resaltado la grave implicación de estos hechos de violencia sobre las comunidades indígenas y la necesidad de acciones preventivas para proteger sus derechos.

La oposición al ataque también fue expresada por Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, quien exigió una investigación rigurosa para identificar y llevar ante la justicia a los responsables. Insistió en que la violencia nunca debe ser un recurso para silenciar a quienes defienden sus territorios y comunidades.

El clamor por justicia y protección resalta la urgencia del gobierno colombiano de actuar con decisión para evitar que estos acontecimientos se repitan, y han sido objeto de condena inquebrantable por parte de diversos sectores políticos y sociales en el país. Las comunidades indígenas piden garantías para su ejercicio de liderazgo y la defensa de su cultura y territorios, cada vez más amenazados por la violencia.

Este hecho subraya la preocupante situación de seguridad que enfrenta el pueblo Nasa y otros grupos originarios en Colombia, y representa un llamado a la acción tanto a nivel nacional como internacional para salvaguardar los derechos de estas comunidades.