Aumentan despidos y crece la prestación por desempleo en Argentina
En lo que va de 2026, los despidos en sectores como la industria, comercio y construcción han llevado a un notable aumento del 30% en la prestación por desempleo en Argentina. Este incremento se da en un contexto donde los montos percibidos por los beneficiarios quedan rezagados ante la inflación.
La pérdida de empleos registrados durante el año 2026 ha generado un aumento significativo en la cantidad de trabajadores que acceden al seguro de desempleo en Argentina. Entre enero y septiembre de este año, 145.004 empleados registrados fueron despedidos sin justificación, lo que representa un crecimiento del 29,4% en comparación con el mismo período del año anterior. Este fenómeno se ha visto concentado en tres sectores clave: la industria, que lidera las pérdidas con 35.922 despidos, seguida por el comercio con 32.928 y la construcción que suma 21.663.
A pesar de que el número total de beneficiarios fue de 127.613 en septiembre, el monto promedio de la prestación se ubicó en $325.368. Este aumento de 18,7% respecto al año anterior, se queda corto ante una inflación que alcanzó el 33,4%. La brecha entre el poder adquisitivo y la cobertura de la prestación genera preocupación entre los beneficiarios, quienes son en su mayoría varones (86.288) frente a 41.325 mujeres.
Geográficamente, la mayor concentración de beneficiarios se encuentra en la provincia de Buenos Aires con 54.936 personas, seguida de Santa Fe (9.698), Córdoba (9.658) y la Ciudad de Buenos Aires (9.029). Estas cifras reflejan una tendencia alarmante, especialmente en un contexto económico donde las familias enfrentan altos costos de vida y falta de empleo estable.
Desde la asunción de Javier Milei, el incremento en el número total de altas en prestaciones por desempleo ha sido significativo, alcanzando 473.186 desde el inicio de su mandato. Este incremento se considera un aumento significativo respecto a los 108.942 servicios otorgados en 2023 y 86.268 en 2022.
El derecho a la prestación, estipulado bajo la Ley 24.013, cubre a empleados que hayan trabajado al menos seis meses en los últimos tres años previos a su despido. Dependiendo de la duración de su empleo, los trabajadores pueden acceder al beneficio por un período de hasta 12 meses, con ciertos ajustes en el monto que reciben mensualmente.
A pesar de que en 2023 se determinó que la prestación debería equivaler al 75% de los salarios de los seis meses anteriores, la reglamentación establece sueldos mínimos que limitan la cobertura efectiva. Este contexto pone en evidencia las dificultades que enfrentan los trabajadores y la necesidad de políticas que garanticen un mayor respaldo en momentos de crisis laboral.