Aumento de tarifas de energía podría afectar a hogares vulnerables en Cauca

En el Cauca, el nuevo decreto 0526 de 2026 ha generado preocupación entre las comunidades más vulnerables, dado que se anticipan aumentos de hasta un 30% en las tarifas de energía. Esta medida, que afecta en particular a familias de bajos ingresos en áreas rurales y zonas golpeadas por la pobreza, ha sido criticada por las autoridades y la Compañía Energética de Occidente (CEO).

El decreto implica cambios significativos en el uso del Fondo de Energía Social (FOES), que ha servido durante años para subsidiar el costo del servicio eléctrico en regiones con altos niveles de desfavorabilidad económica. A partir del 1 de junio de 2027, se eliminará el esquema de facturación comunitaria en las Áreas Rurales de Menor Desarrollo y las Zonas de Difícil Gestión, lo cual podría cargar a los usuarios con costos adicionales en un contexto donde ya enfrentan desafíos económicos considerables.

Según datos de CEO, cerca de 178.000 usuarios en Cauca, muchos de ellos en los estratos 1 y 2, se verán directamente afectados por esta modificación. Las áreas mencionadas presentan altos índices de necesidades básicas insatisfechas y problemas históricos en la provisión de servicios públicos, lo que hace que la posibilidad de un aumento en la tarifa sea aún más preocupante para estos hogares.

El gerente de CEO, Armando José Cuello Navarro, ha expresado su desaprobación ante la decisión, señalando que es inaceptable que sean precisamente las comunidades más vulnerables las que asuman las consecuencias de esta normativa. El incremento no solo impactará en términos económicos, sino que también afectará la estabilidad de pequeños comercios y la calidad de vida de las familias que ya dedican una parte sustancial de sus ingresos a necesidades básicas.

CEO ha instado al Gobierno Nacional a revisar el decreto para evaluar la situación particular del Cauca y mantener el propósito original del FOES, que debe ser garantizar el acceso a la energía en zonas con altas tasas de pobreza. Un cambio en el subsidio de energía tiene el potencial de aumentar la carga económica sobre las familias y limitar su capacidad para cubrir otros gastos vitales como alimentación y educación.

La situación es crítica en un departamento donde un importante porcentaje de la población depende de actividades informales o de subsistencia. Las advertencias sobre el incremento de tarifas se suman a una preocupante realidad económica, que ya ha llevado a muchas familias a la precariedad. La CEO enfatiza que es fundamental que cualquier modificación en el sistema de subsidios reconozca las condiciones sociales y económicas del territorio, evitando que las poblaciones vulnerables terminen pagando el costo de decisiones administrativas.