Aumento del 2,1% en prestaciones para personas con discapacidad en la Patagonia

La actualización del nomenclador de discapacidad se concretó con una resolución que establece un aumento del 2,1% en los aranceles correspondientes a los servicios para personas con discapacidad. Esta modificación llega a raíz de la inflación registrada en julio y se aplica de manera uniforme en todas las modalidades incluidas dentro del nomenclador.

Un aspecto importante a destacar es que la resolución incluye un adicional del 20% para las prestaciones brindadas en la Patagonia, lo que resulta especialmente relevante para provincias como Chubut y otras del sur argentino. Esta medida busca mitigar el impacto de la desigualdad económica y geográfica en el acceso a servicios de salud y rehabilitación.

Sin embargo, el aumento ha reavivado las tensiones entre prestadores de servicios y organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, ya que muchos de estos actores argumentan que la suba no es suficiente. Las entidades solicitan una recomposición que contemple el atraso acumulado de los aranceles en los últimos años, reclamando ajustes que vayan más allá de una mera actualización inflacionaria.

En paralelo, la discusión sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad continúa sin resolverse. Esta legislación, cuya implementación ha sido cuestionada, todavía espera su aplicación integral. Uno de los principales puntos de conflicto se centra en que los ajustes mensuales del nomenclador no consideran los reclamos de actualización retroactiva. Esto ha llevado a múltiples presentaciones judiciales y manifestaciones por parte de los sectores afectados.

El nomenclador, que establece los costos de referencia para las distintas prestaciones, es un elemento esencial para asegurar el acceso a servicios de rehabilitación, tratamientos y apoyos fundamentales para personas con discapacidad. Por lo tanto, el aumento del 2,1% es solo una medida parcial que no resuelve las inquietudes más profundas acerca del financiamiento del sistema y la urgencia de implementar la Ley de Emergencia.

En el marco de esta discusión, se espera que las autoridades aborden las demandas del sector para encontrar una solución que no solo contemple los ajustes actuales, sino que también respete las necesidades históricas de las personas con discapacidad en la región.