Aumento del 2,1% en prestaciones por discapacidad y 20% extra en la Patagonia

El Gobierno de la Nación ha anunciado un incremento del 2,1% en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad, aplicable a partir de agosto. Este aumento se oficializó a través de la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad y se fundamenta en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, reflejando así la necesidad de adaptación de los aranceles al contexto económico actual.

El incremento es generalizado y cubre todos los servicios incluidos en el Nomenclador de prestaciones, sin distinciones en tipo o categoría. Cabe destacar que este ajuste se sumó al ya establecido anteriormente en julio, que había sido del 1,9%. La medida busca mejorar la capacidad de respuesta de los centros dedicados a la atención de personas con discapacidad, garantizando que se puedan mantener estándares adecuados de calidad y servicio.

Además del aumento general, para las provincias de la Patagonia se implementa un adicional del 20% respecto a los aranceles básicos por ser consideradas como zonas desfavorables. Este aspecto es fundamental para asegurar que las instituciones de la región puedan enfrentar los costos adicionales que implica brindar estos servicios en contextos más desafiantes.

Los nuevos aranceles han sido revisados en detalle: por ejemplo, un Centro de Día con jornada doble en la Categoría A tendrá un arancel que asciende a $1.101.566,06, mientras que un Hogar con CET permanente en la Categoría B queda establecido en $2.824.518,71. Estos cambios no solo implican un alivio económico, sino que también reflejan un esfuerzo por parte del Estado para abordar las necesidades de la población con discapacidad en todo el país, con una atención especial a aquellos que residen en la Patagonia, donde las condiciones suelen ser más complejas.

El aumento responde también a la necesidad constante de ajuste en los aranceles en función de las inflaciones y costos en el sector de salud y asistencia. Este tipo de medidas son cruciales para la sostenibilidad de los servicios, ya que permite a los prestadores adaptarse a los incrementos de gastos operativos y mantener el nivel de atención requerido.

En conclusión, la implementación de este ajuste es un paso hacia la mejora de las prestaciones para personas con discapacidad en Argentina, con un particular énfasis en la asistencia a quienes viven en la Patagonia. Se espera que este tipo de medidas continúen en el futuro para seguir mejorando las condiciones de vida de un sector de la población que requiere especial atención y recursos.