Avance del proyecto Sea Lion a pesar de las advertencias argentinas
La petrolera británica Rockhopper avanzó en su proyecto Sea Lion al comprar el 35% de una plataforma flotante, a pesar de las advertencias del gobierno argentino. Este desarrollo, ubicado cerca de las islas Malvinas, busca iniciar la producción de crudo en marzo de 2028.
El proyecto Sea Lion, que se desarrolla en aguas cercanas a las islas Malvinas, sigue adelante a pesar de las advertencias lanzadas por el gobierno argentino. Recientemente, la petrolera británica Rockhopper adquirió un 35% de participación en la plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) llamada OSX-1, por un monto de 44 millones de dólares. Esta FPSO es parte de la operativa que se prevé para la segunda fase del desarrollo del proyecto, que también involucra a la empresa israelí Navitas, que mantendrá el 65% restante de la sociedad.
Ubicado a aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas, el proyecto Sea Lion fue descubierto por Rockhopper en 2010. Tiene como objetivo convertirse en el primer desarrollo rentable de petróleo en la región, con planes de iniciar su producción en marzo de 2028. Rockhopper y Navitas tomaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025, después de llevar a cabo las evaluaciones necesarias sobre la viabilidad del proyecto.
La inversión inicial para este proyecto asciende a unos 1.800 millones de dólares, destinados a alcanzar la primera producción de crudo. Se esperan inversiones adicionales de 2.100 millones de dólares para completar el desarrollo. La producción se ejecutará en etapas; la primera comenzará en el Área de Desarrollo Norte (NDA) a inicios de 2027, utilizando la FPSO Aoka Mizu, con una capacidad de 55.000 barriles diarios.
Las fases siguientes se centrarán en el Área de Desarrollo Central (CDA), donde se prevé que la plataforma OSX-1 procese 125.000 barriles diarios, con un objetivo final de alcanzar hasta 180.000 barriles diarios hacia finales de 2030. La vida útil estimada del proyecto es de aproximadamente 30 años.
A medida que avanza el proyecto, el gobierno argentino ha endurecido su postura en relación a Sea Lion. Se planea recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para presentar las quejas pertinentes y buscar una solución legal a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a la que ambos países han adherido. Este conflicto resalta las tensiones entre las acciones empresariales en zonas económicas controversiales y la soberanía nacional, un tema delicado en la política argentina.