Avances en la Ley de Propiedad Privada y su impacto en desalojos exprés

En medio de un contexto legislativo complejo, el Gobierno de Argentina pretende avanzar en la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla modificaciones significativas en los procesos de desalojos y alquileres. A pesar de haber tenido que retirar un capítulo sobre la extranjerización de tierras, la administración continúa enfocándose en alterar la normativa actual que regulan estos aspectos en el mercado inmobiliario.

El proyecto establece un cambio fundamental en el Código Procesal Civil y Comercial, promoviendo que todos los juicios de desalojo se tramiten por la vía sumarísima. Esta vía es un proceso judicial más rápido, diseñado para resolver situaciones de desalojo por contratos vencidos o intrusiones de manera expedita. Una de las claves es que el juez podrá ordenar la restitución del inmueble a lo largo del proceso, con el compromiso de resolver en un plazo no mayor a cinco días.

Adicionalmente, el proyecto de ley introduce nuevas reglas para proteger a los inquilinos. Por ejemplo, antes de iniciar una acción por falta de pago, el propietario debe otorgar un plazo de gracia de diez días a los inquilinos, ampliando el tiempo otorgado previamente que era de solo tres días. En situaciones donde habiten menores, personas con discapacidad o adultos mayores, se deberán notificar a las autoridades competentes y se otorgará un plazo adicional para buscar una solución habitacional alternativa.

El reconocimiento de los inmuebles ocupados también se agilizará, ya que deberá realizarse en las primeras 72 horas. Esta actividad permitirá identificar rápidamente a todos los ocupantes del lugar y, si se considera necesario, se podría proceder a un allanamiento del domicilio.

Otro cambio importante afecta a la entrega de llaves en contratos de alquiler: los propietarios no podrán rechazar su recepción ni condicionar el acto a otras exigencias. Si un propietario se niega a recibir las llaves, el inquilino puede optar por consignar judicialmente las llaves, lo que finalizaría su obligación de pago del alquiler a partir de la notificación.

Por otro lado, la nueva legislación contempla severas sanciones para los propietarios que intenten obtener desalojos sin la documentación pertinente, estableciendo multas que pueden llegar hasta diez veces el último alquiler en caso de que se demuestre que ocultaron pruebas.

El proyecto de ley también propone cambios en el régimen de barrios populares, eliminando la suspensión de desalojos por diez años, lo que podría impactar de manera directa a muchas familias en situaciones de vulnerabilidad. Estos cambios plantean una reconfiguración de las relaciones entre propietarios e inquilinos, así como un nuevo enfoque en la administración de barrios populares, lo que generará un amplio debate entre distintas partes interesadas en la cuestión habitacional.