Avanza causa por desvío de $1.200 millones a exfuncionarios de Gutiérrez
El Ministerio Público Fiscal impulsó una solicitud de audiencia para avanzar hacia el juicio por un presunto desvío de más de $1.200 millones en fondos públicos en Neuquén. Ocho personas, incluidos exfuncionarios del gobierno de Omar Gutiérrez, están involucradas en la investigación por administración fraudulenta.
La investigación que se lleva a cabo por el presunto desvío de fondos públicos en la provincia de Neuquén está ahora más cerca de llegar a juicio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó una audiencia de control de acusación para avanzar en el proceso, que involucra a ocho imputados, entre ellos exfuncionarios provinciales que desempeñaron roles relevantes durante la administración de Omar Gutiérrez.
La investigación está liderada por la fiscal Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli. Se busca cerrar la etapa de indagación y habilitar un juicio donde un tribunal colegiado determinará las responsabilidades de cada uno de los acusados. Esta causa tuvo su origen en una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado, que actúa como querellante en el caso.
Los exministros de Desarrollo Social, Abel Di Luca y Germán Chapino, son algunos de los principales acusados, junto a otras personas identificadas por sus iniciales. La acusación se centra en un esquema de administración fraudulenta que habría permitido desviar una suma considerable, estimada en $1.208.657.600, de un programa destinado a la capacitación de integrantes de organizaciones sociales. Se alega que estos fondos fueron mal administrados y que los controles necesarios fueron ignorados.
La teoría del caso sostiene que los exfuncionarios, en connivencia con particulares afiliados a la cooperativa Viento Sur, autorizaron pagos sin llevar a cabo las verificaciones requeridas. Esto incluye aceptar rendiciones de cuenta que estaban incompletas o carecían de soporte alguno. La Contaduría General de la Provincia había emitido informes desfavorables sobre estos desembolsos, pero estos dictámenes no fueron tenidos en cuenta, y los pagos continuaron.
Entre los imputados se encuentran varias personas que, según la acusación, participaron activamente en el manejo y la administración de los fondos desviados. El rol de cada uno ha sido claramente definido, con algunos acusados de recibir dinero sin ofrecer contraprestación. Para el juicio, se prevé la presentación de alrededor de 80 testigos que ayudarán a esclarecer los hechos.
Este caso es significativo no solo por el monto involucrado, sino también por las implicaciones éticas y legales que presenta sobre la administración pública en la provincia. Se espera que la audiencia de control de acusación permita avanzar hacia un juicio que iluminará los detalles de este tumultuoso episodio de desvío de fondos públicos.