Avanza el desalojo en la Ruta 40 por tierras en disputa en El Pedregoso

El juez Francisco Astoul Bonorino ha dispuesto un nuevo mandamiento para finalizar el desalojo de tierras en El Pedregoso, un paraje situado entre Bariloche y Villa La Angostura. Esta medida busca asegurar la restitución a su legítima propietaria, María Cristina Broers, quien ha mantenido la titularidad sobre estas tierras desde 1969. El desalojo había comenzado el 19 de agosto, pero su ejecución se vio interrumpida debido a la presencia de menores en el lugar y la ausencia de funcionarios de protección infantil, lo que llevó a la necesidad de un nuevo orden judicial.

La situación en la Ruta Nacional 40 ha sido objeto de atención pública, ya que tras el desalojo del 19 de agosto, un grupo de unas cincuenta personas se movilizó a la zona en apoyo a las familias mapuches que se encuentran en el terreno. La familia Quintriqueo, parte de la comunidad Lof Kinxikew, ha ocupado el predio, pero el reclamo de Broers ha sido respaldado por más de 15 jueces a lo largo de un extenso proceso judicial que data de 2011.

Desde que se iniciaron las ocupaciones, la historia de este litigio ha estado marcada por la denuncia formal de usurpación presentada por Broers en 2012, cuando integrantes de la lof Melo entraron al predio sin autorización y le impidieron el acceso. A medida que la situación se fue desarrollando, otros miembros de la comunidad se unieron a la ocupación, lo que intensificó la disputa inicial. Este conflicto no solo atañe a cuestiones legales, sino que también involucra aspectos sociales y culturales, dada la reivindicación de derechos territoriales por parte de las comunidades mapuches.

Las tierras en disputa, que abarcan aproximadamente 625 hectáreas, son estratégicamente importantes y están situadas en una ubicación que les otorga un alto valor económico y recreativo en la región. En 2011, la lof Melo ocupó la zona cercana al lago Nahuel Huapi, mientras que el nuevo operativo del desalojo se enfocará en el sector opuesto del predio. A pesar de la acción judicial en curso, la fecha de ejecución del nuevo mandato aún no ha sido fijada, lo que deja la situación en un estado incierto.

Es importante resaltar que, tras la suspensión del desalojo en agosto, la defensa de las comunidades había declarado incorrectamente que la medida había sido revertida, lo que ha contribuido a la confusión en torno al proceso judicial. A medida que avanza esta nueva instancia, la expectativa se centra en la resolución final de esta disputa territorial, que ha marcado un capítulo significativo en el contexto social y legal de la región.