Avanza la causa contra petroleras que explotan petróleo en Malvinas

La Justicia Federal de Argentina ha decidido avanzar en la investigación sobre la explotación petrolera en las Islas Malvinas por parte de empresas extranjeras. A partir de las sanciones anunciadas por el presidente Javier Milei hacia estas compañías, el Juzgado Federal de Tierra del Fuego se ha declarado competente para tratar la causa.

La jueza federal Mariel Borruto, a cargo del Juzgado de Río Grande, asumirá la responsabilidad sobre el caso que involucra a las petroleras israelíes Navitas Petroleum y británica Rockhopper Exploration. Ambas forman parte del proyecto Sea Lion, que busca perforar en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, una actividad que suscita dudas sobre la soberanía nacional sobre el archipiélago.

La acción fue impulsada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), quienes argumentaron que las empresas están llevando a cabo trabajos sin la debida licencia y evaluación ambiental de acuerdo a la legislación argentina. Adicionalmente, sostuvieron que las licencias para el proyecto fueron otorgadas unilateralmente por el Reino Unido, lo que genera un cuestionamiento sobre la legalidad del emprendimiento.

Borruto, al aceptar la competencia en el caso, ha decidido incluir a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el proceso. La provincia, argumenta la jueza, tiene autoridad sobre los recursos naturales y la regulación ambiental en su territorio, lo que subraya la relevancia de su participación en el caso.

En consecuencia, se estableció un plazo de diez días para que la Fiscalía de Estado provincial presente su defensa sobre el tema, protegiendo así el patrimonio ambiental de la región. A su vez, los demandantes deberán informar en un plazo de cinco días si han iniciado acciones comparativas en otros tribunales, además de presentar documentos traducidos al español para ser considerados en el análisis de las medidas cautelares solicitadas.

El dictamen del Ministerio Público Fiscal subraya que los posibles impactos ambientales del proyecto son demasiado significativos para ser abordados solo a nivel local, dada la conexión del Atlántico Sur con otras regiones importantes como el Mar Argentino. Este enfoque evidencia la magnitud del caso y pone de relieve la importancia de una evaluación coordinada entre diferentes jurisdicciones.

Con este desarrollo, la causa sobre la explotación de recursos en Malvinas no solo es un tema de soberanía, sino también un asunto que pone en el centro del debate la necesidad de preservar el medio ambiente en un contexto de crecientes actividades extractivas en la región.