Avanza la causa por certificados médicos falsos en Río Negro

En Viedma, se desarrolló una nueva audiencia en el contexto de la investigación sobre la presentación de certificados médicos falsos por parte de más de un centenar de empleados públicos de Río Negro. Esta causa ha generado una notable atención, dado el volumen de empleados involucrados y las implicancias legales que conlleva. La audiencia fue presidida por el juez Adrián Dvorzak, quien anunció que se harán otras siete audiencias antes de resolver los planteos presentados por las defensas el próximo 13 de octubre.

La acusación principal es llevada adelante por el fiscal Juan Peralta, quien trabaja en conjunto con su adjunto Francisco Marano. Además, Federico Rosbaco actúa como querellante en representación de la Fiscalía de Estado. En esta audiencia en particular, se presentaron varios imputados, entre ellos Claudia Elisandro, Aldo Paez, Viviana Solís, Cristina Sueldo, Emanuel Valeria e Isaías Escobar, con una defensa legal variada manifestó la intención de cuestionar la jurisdicción del proceso, argumentando que debería llevarse a cabo en localidades como General Roca y Cipolletti, donde supuestamente ocurrieron los hechos.

Las defensas sostienen que el cambio de jurisdicción es fundamental para garantizar un adecuado ejercicio del derecho a la defensa. Sin embargo, el fiscal Peralta argumentó en contra de esta idea, citando antecedentes del Tribunal de Impugnación. Según el fiscal, la investigación ya ha avanzado desde su inicio en 2024 y el traslado del caso significaría un retraso y complicaciones adicionales.

La discusión también resaltó que los efectos de los presuntos delitos no se limitaron a los lugares donde se presentaron los documentos, sino que impactaron directamente en las finanzas provinciales. Ello fue subrayado por Rosbaco, quien defendió la naturaleza de la causa, asegurando que no hay un interés mediático, sino un intento genuino de resguardar los fondos públicos, que, según él, también fueron comprometidos en la prestación del servicio público.

En consecuencia, la audiencia no solo se centró en la validez de los certificados, sino que también abordó la importancia de resguardar las arcas del Estado. Todo este proceso judicial pone de manifiesto la seriedad de la acusación y las repercusiones que tendrá en la estructura del empleo público en la provincia.

A medida que se acercan las próximas audiencias, la expectativa es alta sobre cómo se desarrollará la defensa y la respuesta de la fiscalía. Todo apunta a que el 13 de octubre será un día clave en el avance de esta causa, cuyas derivaciones son aún inciertas en el ámbito público y legal.