Avanza la causa por el homicidio de Diego Cid en Bariloche

El homicidio de Diego Antonio Cid, sucedido el 12 de febrero de 2026 en Bariloche, ha tomado un giro significativo tras la formulación de cargos por parte de la Fiscalía. Durante la última audiencia, el fiscal jefe Martín Lozada presentó detalladamente cómo se desarrollaron los acontecimientos que culminaron con la muerte de Cid.

Se establece que dos de los imputados concertaron una reunión bajo el pretexto de realizar una transacción de drogas, sumándose a ellos otras dos personas en un automóvil. Al llegar al lugar acordado, reconocieron a dos individuos con quienes habían tenido un conflicto previo. Según la acusación, el conductor del vehículo realizó una maniobra sospechosa, lo que indicaría que estaba al tanto de la situación, y el pasajero trasero disparó contra Cid, causándole heridas fatales.

La Fiscalía argumenta que el disparo, que impactó en el antebrazo y el tórax de la víctima, comprometió órganos vitales y resultó en una grave hemorragia interna, lo que llevó a su muerte posteriormente. Este componente del caso resalta la gravedad de la situación vial y la predisposición de los involucrados para involucrarse en actos violentos.

En cuanto a la calificación de los delitos, se le atribuye al conductor el cargo de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego en calidad de partícipe necesario. La defensa, por su parte, ha cuestionado esta imputación, alegando que su cliente no tenía conocimiento de que se realizarían disparos. Mientras tanto, la querella se alineó con la postura de la Fiscalía, apoyando tanto la caracterización de los hechos como la calificación legal.

El posicionamiento del juez de Garantías, Ricardo Calcagno, fue favorable a la Fiscalía, considerando válidos los cargos formulados. La acusación se fundamentó en un amplio abanico de pruebas, que incluyen la recolección de evidencias en la escena del crimen, testimonios y registros de cámaras de seguridad que corroboran los detalles del ataque.

Desde el punto de vista de las medidas cautelares, la Fiscalía ha requerido acciones para mitigar los riesgos procesales asociados a los imputados. A pesar de un pedido de prisión preventiva de la querella, se optó inicialmente por medidas menos rigurosas, como la imposición de prohibiciones de salida y la colocación de dispositivos de rastreo.

El caso de Cid se inscribe en una creciente preocupación por la violencia asociada al narcotráfico en la región de la Patagonia, donde los enfrentamientos y crímenes vinculados a esta problemática se han vuelto cada vez más comunes. Las acciones de la Fiscalía reflejan la urgencia de abordar esta situación, mientras la sociedad local sigue demandando respuestas y justicia por estos actos de violencia.