Avanza la causa Viento Sur por desvío de fondos públicos en Neuquén

La causa Viento Sur, que investiga un esquema de desvío de fondos públicos en Neuquén, ha llevado al Ministerio Público Fiscal a solicitar el avance hacia el juicio para ocho imputados, entre los que se encuentran los exministros provinciales Abel Di Luca y Germán Chapino, así como la diputada Gabriela Suppicich. Los hechos se habrían originado entre 2022 y 2023 y involucran la gestión de más de $1.200 millones que estaban destinados a capacitaciones para organizaciones de la sociedad civil.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, trabaja bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli y ha solicitado que la Oficina Judicial programe una audiencia de control de acusación. Esta etapa es crucial para definir las pruebas que se presentarán en el juicio, y es una oportunidad para que las partes formalicen sus posiciones sobre la evidencia recolectada durante la investigación. La acusación formal recae sobre ocho personas, a quienes se les imputa la administración fraudulenta de fondos, una conducta que, según el MPF, no fue aislada, sino que implicó una coordinación entre funcionarios y integrantes de la cooperativa Viento Sur.

El perjuicio económico causado, según la Fiscalía, alcanza un monto significativo de $1.208.657.600 en valores históricos. Este dinero debería haber sido destinado al financiamiento de un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, el cual exigía cumplir varios controles antes de liberar los pagos a la cooperativa. Entre estos requisitos, era fundamental que las organizaciones acreditaran su regularidad y presentaran un plan de acción detallado junto con un listado verificable de los beneficiarios de las capacitaciones.

Los informes de la Contaduría General de la Provincia revelan que se emitieron dictámenes desfavorables respecto a estos pagos, sin embargo, a pesar de estas advertencias, las transferencias continuaron. Tanto Di Luca como Chapino son acusados de haber autorizado estos pagos sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. La Fiscalía está decidida a demostrar que existió un mecanismo organizado de desvío de fondos, y el avance hacia el juicio es un paso significativo en este proceso judicial.

La intervención de la Fiscalía de Estado como querellante también subraya la gravedad de la situación, ya que fue esta entidad la que presentó la denuncia original que dio inicio a la causa. El impacto de este caso no solo se limita al ámbito judicial, sino que también pone de relieve la importancia de fortalecer los controles sobre la administración de fondos públicos en la provincia, especialmente en tiempos en que se requieren recursos para el desarrollo social efectivo.

En las próximas semanas, se espera que se fije una fecha para la audiencia de control de acusación, donde se podrá debatir sobre las pruebas y los detalles que darán un marco claro a las actuaciones que seguirán en este caso de relevancia para la administración pública neuquina.