Avanza la investigación por torturas a soldados en la guerra de Malvinas
La Cámara Federal de Casación Penal ha ordenado reactivar la investigación sobre las supuestas torturas sufridas por soldados argentinos durante la guerra de Malvinas. La decisión busca clasificar los hechos como delitos de lesa humanidad, evitando su prescripción.

La Cámara Federal de Casación Penal ha dictado un fallo que revive la investigación relacionada con las torturas y tratos crueles que denunciaron tres soldados argentinos durante la guerra de Malvinas de 1982. La Sala IV de la cámara decidió revocar una resolución anterior que había descartado la calificación de los hechos como delitos de lesa humanidad, lo que podría haber llevado al cierre del caso por prescripción.
En su resolución, el tribunal, que estuvo conformado por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, dejó en disidencia a Gustavo Hornos. La decisión fue unánime en cuanto a la necesidad de que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reexamine los recursos presentados por las defensas de los acusados, sin pronunciarse aún sobre la situación procesal definitiva de los involucrados.
La investigación se centra en dos militares, Reynaldo José Pascuzzi y Carlos María Alemán Urquiza, quienes formaron parte del Grupo de Artillería 7 de Resistencia, Chaco. Ambos efectivos fueron destinados a Puerto San Julián, en Santa Cruz, durante el conflicto y se enfrentan a acusaciones de haber sometido a sus subalternos a tratos inhumanos en el continente, lejos de las islas. Los soldados que han presentado las denuncias son Hugo Vicente Sandoval, Eulogio Epifanio Contrera y Ernesto Raúl Sánchez.
De acuerdo con los testimonios recabados, los soldados denunciaron haber sufrido prácticas como el estaqueamiento en la nieve, exposición a condiciones climáticas extremas, trabajos forzados, golpizas y simulacros de fusilamientos. Los abusos habrían resultado de la búsqueda de alimentos por parte de los soldados, quienes vivían en condiciones precarias y de hambre, lo que llevó a castigos desmedidos de sus superiores.
El origen del expediente se remonta a 2008, cuando un testimonio de otro soldado, Carlos Dante Trangoni, permitió iniciar las indagaciones. A pesar de que en 2010 se declaró la prescripción de la acción penal, la Cámara de Comodoro Rivadavia decidió en 2012 permitir que la investigación continuara. A lo largo de los años, múltiples decisiones judiciales han revocado y confirmado los procesamientos de los acusados, reflejando la complejidad del caso.
Durante 2021, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, procesó a Pascuzzi y Alemán Urquiza por delitos de privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, calificados como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en octubre de 2025, la cámara de apelaciones revocó nuevamente los procesamientos. Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal recurrió a la Cámara de Casación para solicitar la continuidad de la investigación, que se torna crucial dado que los crímenes de lesa humanidad no caducan con el tiempo, a diferencia de los delitos comunes que sí están sujetos a plazos de prescripción.