Avanza la investigación sobre alquiler de maquinaria en Bariloche
La fiscalía de Bariloche ha notificado a exfuncionarios sobre su posible implicancia en irregularidades en contrataciones directas de maquinaria. La investigación, liderada por el fiscal Inti Isla, se encuentra en una etapa preliminar sin cargos concretos hasta el momento.
La investigación sobre presuntas irregularidades en las contrataciones directas de maquinaria vial por parte de la Municipalidad de Bariloche ha dado un paso importante. La fiscalía, bajo la dirección de Inti Isla, ha comenzado a notificar a cinco exfuncionarios, incluyendo al exintendente Gustavo Gennuso, quienes están involucrados en el caso. Esta acción se enmarca dentro de la etapa preparatoria del proceso judicial, en la que aún no se han formulado cargos definitivos.
Desde 2019 hasta 2023, la administración municipal de Bariloche realizó una serie de contrataciones directas con la empresa OPS SACI para el alquiler de maquinaria. Estas operaciones han despertado sospechas de irregularidades que ahora son objeto de investigación. Las notificaciones a Gennuso y a otros exfuncionarios son parte del proceso para que puedan designar defensores y acceder a los documentos del expediente, a pesar de que algunos de sus domicilios no estaban actualizados.
Las autoridades judiciales han solicitado la colaboración del área de Investigaciones Judiciales para verificar la ubicación de los implicados y así asegurar que reciban la notificación correspondiente. Este proceso forma parte de la complejidad de la causa, que se considera extensa debido al volumen de documentación analizada.
Los otros exfuncionarios involucrados incluyen a Carlos Daniel Cairo, exsecretario de Obras y Servicios Públicos; Eduardo Enrique Garza, exsubsecretario del mismo área; Diego Quintana, exsecretario de Hacienda, y Lilian Elizabeth Baroni, exdirectora general de Políticas Tributarias. Gennuso, quien fue nombrado recientemente vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, forma parte del listado de notificados.
La fiscalía actualmente está revisando una pericia técnica contable que requiere aclaraciones por su complejidad, lo que retrasó el avance en el proceso. Una vez notificados, los exfuncionarios podrán ejercer su derecho de defensa, lo que permitirá aclarar sus roles en los hechos bajo investigación, aunque aún no se han definido las responsabilidades.
Este avance es significativo para la justicia local, dado que la causa ha sido considerada de alta complejidad y se espera que, en las próximas etapas, se definan las responsabilidades a partir de las explicaciones que brindarán los imputados sobre su posible participación en las irregularidades señaladas.