Banco condenado a pagar $10 millones tras negarse a cancelar un préstamo

Un banco ha sido condenado a pagar 10 millones de pesos en concepto de daño punitivo a un cliente que enfrentó dificultades para cancelar un préstamo personal. La decisión de la Cámara de Apelaciones 1 se tomó tras comprobar que la entidad bancaria había cometido errores en la gestión de los pagos y continuó enviando reclamos por deudas derivadas de estas fallas.

El conflicto se originó en 2019 cuando el cliente contrató un crédito personal y cumplió con sus obligaciones hasta marzo de 2020, cuando comenzaron las restricciones por la pandemia. En ese momento, el Banco Central permitió que ciertas cuotas impagas se trasladaran al final del préstamo, eximiendo así su pago inmediato. Sin embargo, a partir del año 2023, el cliente recibió notificaciones erróneas sobre cuotas que figuraban como impagas, lo que lo llevó a presentarse en una sucursal para resolver la situación.

Cuando intentó regularizar su deuda, se encontró con que su cuenta para pagos automáticos estaba embargada. Optó entonces por pagar en efectivo, pero el banco aplicó esos pagos a cuotas que debían diferirse, lo que generó una acumulación indebida de intereses. A pesar de sus intentos repetidos por cancelar la totalidad de la deuda, se le impidió hacerlo en múltiples ocasiones debido a problemas técnicos en el sistema del banco.

En su afán por resolver el inconveniente, el cliente realizó varios pagos adicionales y presentó reclamos formales, llegando incluso a enviar una carta documento solicitando la corrección de la imputación de los pagos y que se ajustaran a la normativa del Banco Central. La situación escaló a la Justicia, donde la jueza María Eliana Reynals determinó que uno de los pagos había sido mal asignado, resultando en una deuda más alta.

El fallo enfatiza la responsabilidad de las entidades bancarias en la correcta gestión de las cuentas de sus clientes, dada su especialización y profesionalismo en el sector. La decisión de la Cámara busca no solo reparar el daño ocasionado al cliente afectado, sino también establecer un precedente en la adecuada aplicación de las normativas vigentes por parte de las entidades financieras.

Este caso resalta la importancia del marco regulatorio que protege a los consumidores en el acceso y mantenimiento de servicios financieros, especialmente en contextos sensibles como el actual, donde la crisis económica y las dificultades derivadas de la pandemia están presentes. El veredicto podría fomentar que otros consumidores en situaciones similares se animen a reclamar sus derechos ante el sistema judicial.

A partir de este fallo, se prevé que el cliente finalmente pueda cancelar su deuda de forma justa, y que el banco reevalúe sus procedimientos internos para evitar futuros inconvenientes a sus usuarios.