Bariloche: Indemnización a joven que perdió un ojo por disparo policial

La justicia provincial ha determinado que el Estado de Río Negro deberá indemnizar a un joven de 24 años, Nehuen Marileo, quien en 2018 sufrió graves lesiones oculares a consecuencia de un disparo realizado por un policía durante un operativo en el barrio 2 de Abril de Bariloche. En el momento del incidente, Marileo tenía 16 años y se encontraba desarmado, aunque se encontraba en medio de una persecución policial tras un reporte de disparos en la zona.

El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2018, cuando una llamada alertó a la policía sobre la presencia de jóvenes en una vivienda, quienes al ver la llegada de las autoridades huyeron. El oficial Javier Velozo disparó a corta distancia con un arma de munición antitumulto, impactando en el rostro de Marileo y provocando la pérdida de su ojo derecho. Tras una investigación, Velozo fue condenado en 2021 a dos años de prisión en suspenso y quedó inhabilitado por tres años para ejercer funciones policiales debido a la comisión de lesiones graves.

Recientemente, el juez Iván Sosa Lukman del Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor de Marileo, reconociendo su derecho a ser compensado por el daño físico y emocional sufrido. La indemnización, que asciende a 145.806.465 pesos, incluye también los costos legales e intereses acumulados, reafirmando la responsabilidad del Estado en este caso de uso desproporcionado de la fuerza policial.

La defensa del policía intentó argumentar que Velozo actuó en legítima defensa, sosteniendo que los jóvenes habían disparado durante la persecución y que por lo tanto sus acciones fueron justificadas. Sin embargo, la justicia determinó que Marileo no representaba una amenaza en el momento del ataque, dado que se encontraba desarmado y huyendo.

Este fallo aporta un precedente importante sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en la región, subrayando la necesidad de revisiones de los protocolos para el manejo de operativos policiales. La decisión refleja los esfuerzos por parte del sistema judicial para abordar la violencia policial y proteger los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes.

La indemnización no solo busca reparar económicamente a la víctima de un acto violento del Estado, sino que también plantea interrogantes sobre la formación y el accionar de las fuerzas de seguridad en situaciones de riesgo. A medida que se denuncian casos similares, las autoridades podrían verse presionadas a implementar reformas en la capacitación y protocolos de actuación de los cuerpos policiales en la Patagonia.