Beto Coral regresa a Colombia y recibe esquema de seguridad de la UNP
Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, regresó a Colombia desde Estados Unidos tras ser detenido. Al llegar, ya contaba con un esquema de seguridad proporcionado por la UNP, lo que ha generado controversia.

El recentísimo regreso del activista político colombiano Beto Coral, quien llegó a su país el 16 de julio de 2026 tras ser deportado de Estados Unidos, está provocando una intensa discusión en la esfera pública. Coral, conocido por su labor como creador de contenido y por su postura política, fue detenido en Arizona en junio de este año y posteriormente deportado, tras haber solicitado asilo político en 2015, justo cuando llegó a suelo estadounidense.
A su retorno, la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia le asignó un esquema de seguridad que incluye dos escoltas y vehículos blindados. Esta decisión ha suscitado críticas por parte de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg), que cuestiona la urgencia y la legalidad con la que se aprobó la protección. Según el sindicato, la normativa establece que para asignar medidas de seguridad se requiere un análisis de riesgo que, en este caso, parecería no haberse llevado a cabo debido a la rapidez del procedimiento.
Analtraseg, a través de un portavoz, denunció que el esquema de seguridad otorgado a Coral podría considerarse una preferencia indebida dado su historial de confrontaciones con la institucionalidad y sus críticas a Estados Unidos. Resaltaron que esta protección se otorgó en solo dos días, mientras que el proceso habitual puede demorar entre tres meses y un año, lo que generó un cuestionamiento sobre el uso adecuado de recursos públicos.
El líder del sindicato hizo un llamado a la atención del presidente electo Abelardo de la Espriella, instando a revisar la decisión de proporcionar seguridad al activista, dado su historial de enfrentamientos con la política estadounidense y su falta de apoyo por parte de sus nuevos gobernantes. La inquietud gira en torno a la legitimidad de ofrecer protecciones a quienes son considerados antagonistas de la institucionalidad nacional.
Coral, por su parte, no ha ofrecido declaraciones directas sobre la asignación del esquema de seguridad, pero utilizó sus plataformas en redes sociales para hablar sobre su renuncia a la solicitud de asilo político y su deseo de priorizar la seguridad de su familia en Colombia. Afirmó que se enfocará en brindarles protección tras indicar que su familia en el exterior podría estar en riesgo.
El caso de Beto Coral presenta un claro ejemplo de las tensiones políticas que pueden surgir en torno a decisiones gubernamentales que involucran la seguridad de individuos con históricas posturas polémicas. Dado su reciente retorno y el asignado esquema de protección, el futuro político y social de Coral, así como su impacto en la política colombiana, es un tema a seguir de cerca, especialmente en un contexto donde la seguridad y la protección a diversos cargos son tema de debate entre sectores de la población.