Bolívar defiende seguridad inmediata para Beto Coral tras críticas
El exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, defendió la asignación rápida de un esquema de seguridad al activista Beto Coral, cuestionada tras su retorno a Colombia. La decisión fue criticada por varios sectores que pidieron una evaluación de riesgo previa.
Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) en Colombia, ha respondido a las críticas relacionadas con la asignación inmediata de un esquema de seguridad a Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, quien regresó al país el pasado 16 de julio después de 11 años en Estados Unidos. Bolívar utilizó su cuenta de X para argumentar que dada la situación del activista, era fundamental garantizar su seguridad sin esperar un análisis de riesgo formal.
Las críticas surgieron luego de que medios como Noticias RCN y Revista Semana reportaron que Coral recibió una camioneta como parte de su protección sin que se conocieran los estudios que validaran la decisión. Estos reportes destacaron que la asignación de seguridad se hizo de manera "exprés", lo cual es irregular ya que, comúnmente, este tipo de medidas exige un análisis técnico previo que detalle el nivel de riesgo que enfrenta la persona protegida.
Coral hizo su regreso a Colombia tras renunciar a su proceso de asilo político en Estados Unidos, donde había permanecido de manera legal. Al comentar sobre su retorno, el activista mencionó que se encontraba en la mira de aquellos que habían colaborado en su deportación y prometían represalias contra él. Esto brindó un contexto adicional a la decisión de otorgarle seguridad inmediata.
Las críticas no solo provienen de medios de comunicación, sino también de figuras políticas y sindicatos como Analtraseg, que agrupa a personal de seguridad. Un representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó las razones para el otorgamiento del esquema de protección y pidió el estudio de riesgo que sustentara la decisión, considerando que el proceso normal fue omitido.
El sindicato de la Unidad Nacional de Protección también expuso su descontento, afirmando que el procedimiento realizado fue un "favor político" y que no había evidencias de un riesgo inminente que justificaran la protección acelerada. Estas reacciones evidencian un debate más amplio sobre los criterios utilizados para asignar protección a individuos que retornan al país, así como el uso de la facultad discrecional del director de la UNP para actuar en situaciones de emergencia.
El marco legal que permite la implementación de medidas de protección de emergencia se basa en el Decreto 1066 de 2015, el que señala que estas decisiones deben tomarse cuando existe un riesgo grave para la vida de la persona. Sin embargo, la falta de un estudio de riesgo previo ha generado dudas sobre la legitimidad de la protección brindada a Coral, lo que podría generar un impacto en futuras decisiones de seguridad en contextos similares.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos, queda por verse si se llevará a cabo una revisión de los protocolos relacionados con la asignación de seguridad y si se establecerán mecanismos más claros para la evaluación de riesgo en casos de emergencia.