Bullrich critica a Insfrán por condena a periodistas en Formosa

La senadora Patricia Bullrich, líder del bloque de La Libertad Avanza, ha manifestado su rechazo a la condena dictada por un juzgado de Formosa contra cuatro periodistas que realizaron cobertura informativa en una comunidad originaria. Esta condena, que prevé cinco días de arresto o una multa equivalente, ha generado un intenso debate sobre la libertad de prensa en el país. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue señalado por Bullrich como un representante de prácticas autoritarias, considerando su decisión como un ataque a la labor periodística.

Los comunicadores condenados son Micaela Urdinez, Lautaro Martín Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Federico Corbalán, quienes fueron sancionados bajo el argumento de haber infringido el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa al realizar su trabajo sin la autorización correspondiente. Su correspondiente condena fue emitida por el juez Omar Padilla y ha sido acompañada por la crítica de organizaciones periodísticas nacionales, como ADEPA y FOPEA, que resaltan el peligro que representa este tipo de acciones para el ejercicio del periodismo.

El incidente se remonta a septiembre de 2025, cuando el equipo periodístico se dirigió a la comunidad San José para cubrir un proyecto social de La Nación, denominado Hambre de Futuro. Durante esta tarea, los periodistas fueron interceptados por fuerzas de seguridad y conducidos a una dependencia policial, donde estuvieron retenidos durante aproximadamente dos horas. Este procedimiento fue denunciado por el cacique de la comunidad, quien luego declaró no estar al tanto de la sanción legal resultante.

Bullrich, en su defensa de la libertad de prensa, manifestó en redes sociales que “hacer periodismo en Formosa puede costar cinco días de arresto” y criticó la mentalidad de feudalismo que, según ella, caracteriza la gestión de Insfrán. Su postura contrasta con la del presidente Javier Milei, quien había celebrado el veredicto judicial y cuestionado a los periodistas por su labor.

El caso suscita preocupaciones sobre la libertad de expresión en el país, especialmente en contextos donde las autoridades locales imponen restricciones sobre el ejercicio del periodismo. En este sentido, el asunto pone de relieve las tensiones existentes entre el gobierno provincial y los derechos de los comunicadores, al tiempo que remarca la necesidad de protección para aquellos que buscan informar sobre realidades sociales difíciles.