Buscan condena penal para mujer que agredió a docentes en Neuquén
El juicio contra Mariela Ester Farías, madre de una exalumna, finalizó con alegatos de cierre. La fiscalización y la querella exigen una condena por agresiones a docentes.
En Neuquén, se realizó el juicio oral contra Mariela Ester Farías, madre de una exalumna del IFD 12, acusada de amenazar y agredir físicamente a tres docentes de la institución. Durante la presentación de los alegatos finales, tanto la fiscalía como la parte querellante afirmaron que la responsabilidad de la imputada quedó probada y solicitaron su condena, mientras que el juez Juan Ignacio Guaita se pronunciará el viernes sobre la sentencia.
Los hechos que dieron origen a esta situación se remontan al 21 de abril de 2025, cuando Farías amenazó a una profesora de inglés por haber recriminado a su hija por el uso inapropiado del celular en clase. Tras un intercambio tenso, la docente le pidió que abandonara la escuela, prohibiéndole su reingreso. Sin embargo, a al día siguiente, Farías volvió al establecimiento acompañada por su hija, donde agredió físicamente a la directora y la vicedirectora, infligiendo lesiones a ambas.
Durante el proceso judicial, las tres educadoras afectadas y seis testigos aportaron sus declaraciones sobre la secuencia de violencia vivida. También se incluyeron informes médicos que confirmaron las lesiones sufridas por las docentes, así como el testimonio policial de quienes recibieron la denuncia inicial. Las víctimas relataron el impacto emocional que las agresiones tuvieron sobre sus vidas personales y su desempeño laboral.
El abogado querellante, Mariano Mansilla, expresó su optimismo ante la posibilidad de obtener una sentencia condenatoria, apuntando que esta sería un avance significativo para prevenir futuras agresiones en ambientes educativos. Recordó que la reciente sanción de la ley impulsada por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) busca abordar y erradicar estas problemáticas.
La situación evidencia un desafío en el ámbito educativo, donde la violencia no solo afecta a los docentes, sino también a la comunidad escolar en su conjunto. La respuesta institucional ante estos incidentes es crucial para garantizar un ambiente seguro para la enseñanza y el aprendizaje.
Se espera que la resolución del juez sentencie si se confirmará la culpabilidad de la acusada en un contexto donde la seguridad en el aula es cada vez más prioritaria para los organismos de educación y la sociedad en general. Este caso podría ser un precedente importante en la lucha contra la violencia hacia el personal docente.