Caída del gasto social del 16,1% durante la presidencia de Javier Milei
El presupuesto social para 2027 muestra una importante caída del 16,1% respecto a 2023. Las partidas de vivienda y agua potable son las más afectadas, entre otros servicios sociales.
El análisis realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revela que el gasto destinado a servicios sociales en el país se reducirá en un 16,1% acumulado al cierre de 2027, en comparación con 2023. Este descenso significativo se produce a pesar de un aumento proyectado del 6,1% para el próximo año, que resulta insuficiente para compensar las caídas del gasto durante los tres años anteriores.
En términos concretos, esta disminución proyectada abarca áreas críticas como salud, educación y vivienda. Se estima que la asignación de recursos para vivienda y urbanismo se reducirá en un 99% y los fondos para agua potable y alcantarillado caerán un 93%. Asimismo, la promoción y asistencia social enfrentará un recorte del 74%, mientras que la educación y cultura sufrirán una merma del 44%. En contraste, el sector salud experimentará un aumento del 30%, aunque este incremento es en gran parte debido a un cambio en la forma de financiamiento.
El ajuste en el gasto social no es homogéneo, lo que significa que algunos sectores sufrirán pérdidas drásticas. Particularmente, la inversión en vivienda se canalizaba a través del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU), que ha sido desfinanciado y no figura en el presupuesto recientemente propuesto.
La ACIJ explica que las reducciones presupuestarias son atribuibles en gran medida a la eliminación de transferencias no automáticas a provincias y la disolución de varios fondos fiduciarios. Estos recortes impactarán de manera intensa en los programas de asistencia social, infraestructura y desarrollo urbano, que son fundamentales para las comunidades más vulnerables del país.
Aun así, hay que considerar el impacto económico regional que estas cifras podrían acarrear, especialmente en la Patagonia, donde el acceso a servicios básicos como agua potable y viviendas adecuadas es esencial para el bienestar de la población. Además, la baja en las asignaciones para programas de vivienda podría agravar la situación de déficit habitacional en varias provincias de la región.
Frente a este panorama, se anticipa un profundo debate en la Cámara de Diputados al momento de tratar el presupuesto de 2027. Las cifras y el análisis de ACIJ ya han generado preocupación entre diversos sectores sociales, que ven en ello una amenaza a los derechos de los ciudadanos, sobre todo en áreas tan vitales como la salud y la educación.