Cámara Federal confirma condena por trata de personas en caso de matrimonio infantil

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó los argumentos de defensa de un matrimonio de origen gitano que fue condenado por trata de personas en Neuquén. Los imputados, Isabel y Alberto Cristo, junto a su hijo Franco, obligaron a una menor a casarse en 2022, lo que ocasionó una fuerte conmoción tanto a nivel regional como nacional.

Las condenas a diez años de prisión fueron ratificadas por los magistrados, quienes consideraron insuficientes los alegatos de los acusados. En su defensa, el matrimonio había argumentado que su pertenencia a la comunidad gitana y las costumbres de su cultura no podían ser utilizadas como argumento para evadir su responsabilidad penal. Pese a la impugnación realizada, el juez decidió mantener las sanciones impuestas anteriormente.

La fiscalía había demostrado que la adolescente, identificada como V.S.Y., había sido captada mediante el pago de un precio dotal de 825 mil pesos, lo que marcó el inicio de su sufrimiento. Durante el matrimonio forzado, que se celebró cuando la menor tenía apenas 13 años y Franco 20, V.S.Y. sufrió múltiples abusos y fue sometida a trabajos forzados, tanto domésticos como laborales, en condiciones extremas.

Los abusos físicos y psicológicos fueron parte cotidiana de su vida desde la unión, donde, además de la violencia, fue obligada a realizar venta ambulante y entregarle todos sus ingresos a los acusados. Las circunstancias de explotación incluyeron situaciones de enfermedad y adversidad climática. En uno de los episodios más graves, la adolescente quedó embarazada, algo que interrumpió su infancia y aumento el sufrimiento que ya padecía.

La resolución unipersonal de la Cámara, a cargo del juez Daniel Doffo, incluye una reparación económica considerable a favor de la víctima, equivalente a 75 millones de pesos. La condena y la atención judicial a este caso han despertado un mayor interés y demanda social hacia la lucha contra la trata de personas y el matrimonio infantil, problemáticas que han sido particularmente preocupantes en el contexto argentino.

A raíz de este fallo, se espera que continúen los esfuerzos judiciales y sociales por erradicar este tipo de delitos, así como un seguimiento más estricto de las condiciones de las comunidades que pueden estar involucradas en prácticas de matrimonio infantil. La sociedad en su conjunto está llamada a tomar conciencia sobre la vulnerabilidad de ciertos sectores y a actuar coordinadamente para proteger los derechos de los menores.