Cámara Federal excluye a inversores de la causa $LIBRA como querellantes

La Cámara Federal de Buenos Aires ha rechazado la solicitud de cinco inversores que querían ser parte de la causa judicial por la criptomoneda $LIBRA. La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara, donde los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi respaldaron el criterio del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Según los magistrados, los inversores tenían pleno conocimiento de que estaban involucrándose en una actividad altamente volátil y sin ninguna regulación financiera, lo que implica que asumieron voluntariamente los riesgos asociados a su inversión.

En su fallo, los jueces subrayaron que quienes adquirieron el token de $LIBRA estaban conscientes de los peligros inherentes a ese tipo de transacción. La pérdida patrimonial alegada por los inversores, según los magistrados, es simplemente una consecuencia natural del riesgo que decidieron asumir al operar en un entorno de esta naturaleza.

Los inversores que intentaron ser considerados como querellantes afirmaron haber sido víctimas de un plan fraudulento orquestado por altos funcionarios del gobierno y desarrolladores de criptomonedas. Sin embargo, la Cámara determinó que las pruebas presentadas no respaldaban sus acusaciones y que no demostraron la existencia de un engaño que los hubiera llevado a comprar el token.

Con esta resolución, la causa por la supuesta estafa vinculada a $LIBRA continuará avanzando, pero exclusivamente bajo la investigación del fiscal Eduardo Taiano, quien ha sido criticado por las demoras en el proceso. Esto pone en una situación de mayor presión a la fiscalía, considerando el contexto donde la criptomoneda ha despertado un gran interés y controversia, especialmente en un momento en el que otros proyectos de criptomonedas y tecnología financiera están ganando relevancia.

La resolución de la Cámara coincide con un período de cambios en el sistema judicial, ya que un día antes de esta decisión, los jueces Bertuzzi y Yadarola habían jurado tras ser propuestos por el gobierno para completar el tribunal. Esto ha llevado a rumores y especulaciones sobre el impacto que estas designaciones podrían tener en la independencia de los fallos judiciales en casos de alta complejidad.