Cámara Federal reduce condenas a prefectos involucrados en la muerte de Rafael Nahuel
La Cámara Federal de Casación Penal anuló las penas de prisión de los prefectos condenados por la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrida en 2017. En cambio, estableció condenas de ejecución condicional, lo que significa que no cumplirán prisión efectiva.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal modificó las sentencias impuestas a cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, relacionados con la muerte de Rafael Nahuel, un joven mapuche, durante un operativo el 25 de noviembre de 2017. El tribunal superior revocó las penas de prisión efectiva determinadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, reemplazándolas por sanciones de ejecución condicional, lo que implica que los agentes no irán a prisión.
El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky, Guillermo Jorge Yacobucci y Carlos Alberto Mahiques, quienes acogieron los recursos de casación presentados por las defensas de los agentes. Según la resolución, el tribunal de primera instancia cometió arbitrariedades al imponer las penas, ya que replicó innecesariamente sentencias previamente anuladas por la misma Casación en junio de 2025.
Los magistrados señalaron que el tribunal de Río Negro no evaluó adecuadamente las circunstancias atenuantes y no definió las responsabilidades individuales de cada agente, llevándolo a realizar una aplicación general de los cargos en vez de considerar las particularidades de cada caso.
Los hechos ocurrieron en un contexto de tensión en un predio de Parques Nacionales sobre la Ruta Nacional 40 en Río Negro, mientras se desarrollaba una toma por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Durante un enfrentamiento entre uniformados y el grupo que descendía de la montaña, los agentes respondieron inicialmente con armas no letales y, posteriormente, con armas de fuego, acumulando más de 130 disparos. Este incidente resultó en la muerte de Rafael Nahuel, quien fue impactado por un proyectil disparado por el prefecto Sergio Guillermo Cavia.
El tribunal de General Roca había determinado penas de cinco años de prisión para Cavia y de cuatro años y seis meses para los otros cuatro prefectos, todas efectivas, además de inhabilitaciones para ejercer funciones públicas. Sin embargo, la Cámara de Casación consideró que las sanciones imponían un trato desproporcionado respecto a la gravedad del hecho y no se alineaban con los principios de justicia.