Cambio en normativas ambientales podría favorecer la minería en Perú

El reciente pedido de facultades legislativas realizado por el Gobierno de Keiko Fujimori en Perú incluye una serie de modificaciones que podrían debilitar los estándares ambientales relacionados con la minería. Entre las principales propuestas se encuentra la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos que permitirían la aprobación casi automática de proyectos mineros en diversas áreas. Esta situación podría poner en riesgo ecosistemas frágiles como cabeceras de cuenca, humedales y bosques secos, que actualmente no cuentan con una categoría de protección oficial.

La Exposición de Motivos del proyecto busca acelerar las inversiones mineras al reducir los tiempos de evaluación técnica, lo que podría trasladar el control a una fiscalización posterior. Así, proyectos que no estén localizados en Áreas Naturales Protegidas o en territorios de pueblos originarios podrían recibir autorizaciones sin una revisión técnica previa adecuada. Esto significaría que iniciativas mineras podrían comenzar operaciones sin un análisis exhaustivo del impacto ambiental que puedan generar, tanto inmediata como acumulativamente.

Además, la propuesta incluye un “trámite exprés” que permite a proyectos específicos obtener permisos de forma más rápida, siempre que no interfieran con zonas ya protegidas. Sin embargo, esta normativa ignora la vulnerabilidad de muchos ecosistemas que no están clasificados formalmente, dejando una laguna legal que podría permitir la explotación de áreas ambientalmente sensibles.

El enfoque del gobierno también limita la participación de organismos técnicos en la evaluación de los impactos ambientales, lo que podría significar una disminución en la calidad del control ambiental. Entidades claves como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) quedarían restringidas en sus capacidades para evaluar y mitigar posibles daños ambientales de nuevos proyectos mineros.

Esto resuena en el contexto peruano, donde la minería es un sector importante para la economía, pero también un foco de conflictos sociales y ambientales. La aprobación de estas normativas podría generar tensiones con comunidades indígenas y otros grupos que han estado luchando por la protección de sus territorios y ecosistemas ante las actividades extractivas.

De prosperar esta propuesta, el paisaje ambiental y social de Perú podría cambiar de manera considerable, facilitando la minería, pero a expensas de la biodiversidad y la salud ambiental. La atención se centrará en el desarrollo del debate legislativo al respecto y en las posibles reacciones de las comunidades afectadas.