Cambios en zonas frías impactan tarifas de servicios en la Patagonia

El Congreso de la Nación aprobó modificaciones a la ley de Zonas Frías, lo que implicará un aumento en las tarifas de servicios públicos para los usuarios de la Patagonia. Esta reforma no solo derogó la ley de Zonas Frías de 2021, sino que también limitó beneficios establecidos por la ley de Zona Patagónica, vigente por más de 20 años.

Los cambios legislativos significan que alrededor de 3,1 millones de hogares perderán entre un 30% y 50% de descuento en sus tarifas de gas y otros servicios, derivando en un impacto económico sustancial. Además, se incluye a usuarios de regiones como La Puna, Malargüe y la parte de Carmen de Patagones, quienes también estarán sujetos a la nueva normativa, excluyendo a aquellos que no califiquen para el nuevo sistema de Subsidios a la Energía Focalizados (SEF).

Una de las modificaciones clave fue la restrictiva interpretación de los subsidios que antes beneficiaba a los usuarios. En la actualidad, el beneficio de Zona Patagónica se considera distinto a un subsidio, dado que era financiado por un fondo fiduciario aportado por los mismos usuarios. Por ello, la pérdida de estos descuentos representa una carga adicional para los hogares patagónicos.

Con la reforma, el número estimado de usuarios que quedarán con beneficios se reduce drásticamente, pasando de 4 millones a menos de 1 millón. Esto resalta la problemática en el acceso a servicios asequibles en la región, donde el incremento en las boletas podría alcanzar hasta un 30% debido al recorte en descuentos aplicables al gas, así como al cargo fijo, el transporte y los impuestos.

Un punto crucial que causó inquietud fue la eliminación de la mención del descuento del 50%, lo que deja abierta la posibilidad de que el gobierno nacional modifique este porcentaje, generando incertidumbre entre los usuarios sobre el costo final de sus boletas en el futuro.

Aunque se han reportado conversaciones para mantener el descuento del 50%, la falta de formalización de este acuerdo deja a los usuarios en un estado de vulnerabilidad respecto a sus tarifas. La situación plantea un desafío adicional para la economía regional, que ya enfrenta dificultades por la lejanía y la dependencia de servicios esenciales, convirtiendo este cambio en un asunto de gran relevancia para la población patagónica.