Cancino advierte sobre posibles irregularidades en la defensa del Estado

El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, ha manifestado su preocupación ante una posible irregularidad en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). Esta inquietud surge tras la publicación de la Resolución 468, la cual modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la entidad. Aunque los cambios no alteran el nivel jerárquico de los puestos, Cancino advirtió sobre las implicaciones legales que podrían surgir si no se adoptan medidas que aseguren el mérito y la transparencia en el acceso al empleo público.

Cancino enfatizó que cualquier modificación en el manual de funciones debe fundamentarse en criterios jurídicos y técnicos claros, especialmente en un contexto de transferencia entre gobiernos. La alerta emitida por el nuevo ministro responde a un proceso de revisión del personal entrante, buscando prevenir el denominado "amarre" de cargos, que podría surgir si no se mantienen principios de igualdad y transparencia en la gestión pública.

En su declaración, subrayó la importancia de una revisión técnica exhaustiva para asegurar que la resolución cumpla con los principios legales, evitando cualquier tipo de direccionamiento en la asignación de funciones y perfiles dentro de la ANDJE. La resolución en cuestión, la 468, consiste en ajustes que pueden afectar procesos críticos como la selección y asignación de responsabilidades en la defensa jurídica del Estado.

No obstante, Cancino no acusó la existencia de irregularidades probadas, sino que llamó a tomar precauciones ante presuntas situaciones que requieren una verificación inmediata. Asimismo, dio instrucciones al abogado Germán Calderón España, director designado de la ANDJE, para iniciar un estudio técnico y jurídico sobre este tema. Si se encuentran fundamentos suficientes, Calderón tendría la responsabilidad de impulsar las acciones legales necesarias.

La ANDJE es la entidad encargada de salvaguardar la defensa jurídica del Estado, lo que añade relevancia a la correcta ejecución de sus decisiones internas, especialmente en un período crítico de cambio administrativo. Las acciones adoptadas durante esta transición no sólo deben garantizar la continuidad del trabajo, sino también la integridad del empleo público frente a posibles manipulaciones políticas.

Con este contexto, la instrucción es clara: se realizará una revisión del alcance y los fundamentos de la resolución 468, para determinar si se han vulnerado normativas y establecer si existen motivos para tomar medidas disciplinarias o penales. Cancino reafirmó la importancia de proteger el empleo público y asegurar la transparencia en la gestión administrativa del Estado.