Cárcel para matrimonio gitano por trata de personas y matrimonio infantil

La Cámara Federal de Casación Penal determinó que un matrimonio gitano y su hijo recibirán condena de diez años de prisión por el delito de trata de personas. En un fallo que ha llamado la atención a nivel nacional, se rechazaron los argumentos de la defensa, que intentó justificarse en las costumbres culturales de la comunidad gitana. El caso comenzó a investigarse en 2022, generando una fuerte conmoción en la provincia de Neuquén y en todo el país debido a la gravedad del abuso ocurrido.

El tribunal confirmó que Isabel y Alberto Cristo, junto a su hijo Franco, capturaron y trasladaron a una menor de 13 años, identificada como V.S.Y., para forzar su matrimonio. Los acusados pagaron una suma de 825 mil pesos a los padres de la niña, acción que fue considerada como el pago de un "precio dotal". La víctima fue sometida a un grave estado de explotación que incluyó violencia física y sexual, así como la realización de trabajos forzados y obligaciones domésticas extremas.

La evaluación del caso reveló que, tras ser forzada en el matrimonio, V.S.Y. fue trasladada a Santa Fe donde perduraron los abusos. Denunció haber sido golpeada y quemada, y se vio obligada a trabajar en la calle en condiciones desfavorables. Aunque se encontraba embarazada de un hijo de Franco, las condiciones de explotación no cesaron durante los diferentes períodos de su gestación. La situación se mantuvo bajo amenazas constantes que la sometían a la voluntad de los acusados.

A través de su testimonio se evidenció que Franco tuvo relaciones sexuales con ella en varias ocasiones, provocando un embarazo. A fines de 2024, logró regresar a San Juan junto a su familia de origen y posterior a ello, se realizó la denuncia que culminó en el presente juicio. El juez Daniel Petrone fue claro al establecer que la cultura no puede ser un justificativo para evadir la responsabilidad penal.

Por otra parte, el tribunal ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos a favor de la joven, la cual busca atenuar el daño sufrido a través de los abusos y la explotación laboral a la que fue sometida. Este fallo ha generado un debate significativo sobre la trata de personas en el país y los derechos de las mujeres, especialmente en el marco de comunidades con prácticas culturales ancestrales.

Este caso pone de relieve la urgencia de abordar la trata de personas como un problema crítico en la sociedad argentina. Las instituciones y organismos de protección deberán continuar trabajando en estrategias robustas para combatir este flagelo, garantizando así el bienestar y la dignidad de las víctimas en todas las regiones del país.