Cárceles de más de mil años para 18 radicales mapuches en Chile
Un tribunal chileno impuso más de mil años de prisión en total a 18 miembros de un grupo radical mapuche, responsables de incendiar un molino histórico. Las penas más severas fueron para los líderes de la organización, quienes también tenían antecedentes penales, mientras que algunos menores recibieron sanciones menos severas.
El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, ubicado a 630 kilómetros al sur de Santiago, condenó a 18 integrantes del grupo radical Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) a un total de 1055 años de cárcel. La sentencia incluye a miembros acusados de delitos como incendio, porte de armas, robo con violencia y homicidio calificado en calidad de frustrado, relacionados con el ataque al histórico Molino Grollmus, ocurrido en agosto de 2022 en la comuna de Contulmo.
Las penas más elevadas, de 81 años de prisión, fueron impuestas a los líderes del grupo, de los cuales varios contaban con antecedentes penales. Otros nueve miembros recibieron 65 años de cárcel, mientras que un comunero obtuvo una condena de 34 años. Dos menores involucrados en el ataque fueron sentenciados a 10 años de internación cerrada, y otro recibió tres años de libertad asistida con internación parcial.
El ataque al Molino Grollmus, distinguido como Legado Patrimonial Arquitectónico, fue planificado con anticipación por el líder de RML, Federico Astete. El molino, construido en 1915, pertenecía a una familia de colonos europeos, y su funcionamiento había sido continuado hasta el momento del atentado. Según la investigación, el grupo atacó el molino tras haberse preparado en una reunión donde se distribuyeron armas y equipamiento militar.
Las acciones del grupo, que incluyeron el robo de vehículos y ataques coordinados, se llevaron a cabo luego de un encuentro en la localidad de Antiquina. A medida que los líderes de la RML fueron detenidos, el fiscal regional subrogante del Bío Bío, Michelangelo Bianchi, indicó que los atentados atribuibles a esta organización disminuyeron significativamente.
El contexto de este hecho se inscribe en un período de tensiones entre el Estado chileno y la comunidad mapuche, que ha demandado por años mayores derechos y reconocimiento cultural. La violencia asociada a ciertos grupos radicales ha complicado estos reclamos, dando lugar a reacciones tanto judiciales como políticas.
Con este reciente fallo, el sistema judicial chileno busca sentar un precedente sobre la radicalización dentro de estas comunidades, lo que podría influir en futuras políticas sobre la relación entre el Estado y el pueblo mapuche. En un momento en que la seguridad y el control territorial son temas candentes, las implicaciones de esta decisión judicial podrían ser significativas tanto a nivel local como nacional.