Carlos Carrillo solicita investigar el vínculo de las hermanas Guerrero con el Gobierno
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, han solicitado una investigación sobre las hermanas Guerrero, implicadas en un escándalo de corrupción. Carrillo destaca como preocupante la relación de estas con el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha instado a la justicia a investigar las recientes acusaciones sobre las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, quienes están siendo señaladas por presuntas coimas que involucran la gestión de fondos públicos. Este pedido surge tras un informe que revela indicios de una estructura de corrupción dentro de la administración pública, que ha generado inquietud en diversos sectores sociales y políticos.
Las acusaciones en contra de las hermanas Guerrero se centran en un esquema de tráfico de influencias y cobros irregulares que podría haber prosperado entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025. Según los documentos filtrados, la red implicaría tarifas de hasta un millón de pesos por reuniones, así como el cobro de un porcentaje del valor de proyectos adjudicados, evidenciando un manejo irregular de recursos públicos destinados a la seguridad y el bienestar ciudadano.
Carrillo resaltó la seriedad de las pruebas recopiladas, que incluyen testimonios, mensajes de texto y comprobantes de pago que sugieren un esquema sistemático de corrupción. En este contexto, el exdirector señala con preocupación la mención del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), al que se le atribuye un manejo opaco bajo la supervisión de allegados al ministro saliente Armando Benedetti. Esta situación potencia los temores sobre la posible malversación de fondos públicos asignados a la seguridad.
La atención pública también se ha centrado en las evidencias que apuntan a reuniones con funcionarios y empresarios, donde se acordaban pagos y allocations de recursos a cambio de contratos estatales. Las acusaciones, que incluyen el pago de millones para la obtención de contratos en proyectos de infraestructura, han desatado un llamado a la transparencia en la gestión de fondos del estado, en un momento donde la confianza pública en la administración es fundamental.
Por otro lado, la situación ha generado un debate sobre la importancia de la rendición de cuentas dentro del gobierno. La insistencia en esclarecer la utilización de recursos públicos es un reclamo recurrente en las instancias políticas y sociales actuales, especialmente tras los recientes escándalos que han emergido en torno a la corrupción.
A medida que la investigación continúa, la esfera política y social estará atenta a los resultados que puedan arrojar las indagaciones de la justicia, que enfrenta el desafiante reto de mantener la integridad del sistema público en un contexto de desconfianza hacia las instituciones.
El caso de las hermanas Guerrero no solo pone en tela de juicio la gestión de recursos estatales, sino que también abre una discusión sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos, y cómo su conducta puede repercutir en el bienestar de la sociedad, haciendo imperativa la necesidad de establecer controles más rigurosos sobre la administración de fondos públicos.