Causa de certificados médicos falsos suma 119 imputados y debate por jurisdicción

La investigación sobre el uso indebido de certificados médicos falsos, que habrían justificado inasistencias en el trabajo y permitido el cobro total de haberes, ha llevado a 119 personas a ser imputadas en la provincia de Río Negro. Con el procedimiento judicial en marcha, se ha abierto un debate sobre cuál tribunal debería llevar adelante la causa, tras la primera de una serie de audiencias.

Durante dicha audiencia, la Defensa Pública, representada por María Paz Alvarez, argumentó que la competencia territorial no corresponde a los tribunales de Viedma, ya que los presuntos delitos no habrían ocurrido en esa ciudad ni en la Primera Circunscripción Judicial. Los certificados involucrados fueron retirados de un domicilio en General Roca, que fue allanado durante la investigación. Según el planteo de la defensa, el uso de estos documentos falsos se habría dado principalmente en localidades del Alto Valle, como General Roca y Cipolletti.

Los argumentos de la defensa incluyen la ubicación del consultorio, la médico implicada y la persona que gestionó los certificados, así como la acreditación de haberes que se realizó en esa región. La defensa también reafirmó que los allanamientos y la recolección de evidencia estaban conectados a la zona del Alto Valle, donde muchos de los eventos relevantes del caso se materializaron.

Sin embargo, la Fiscalía, representada por los fiscales Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, se opuso a la solicitud de la defensa, defendiendo que la causa debe continuar en Viedma. La Fiscalía subrayó que, aunque los magistrados son asignados por circunscripciones, su competencia se extiende a toda la provincia. Además, más de 70 de los imputados ya cuentan con defensa en Viedma, por lo cual un cambio de jurisdicción requeriría nuevas designaciones y complicaría el proceso.

La Fiscalía también argumentó que la afectación económica de la supuesta defraudación recayó sobre la administración pública provincial, que tiene su sede en Viedma, y señaló que gran parte de la recopilación de evidencia fue realizada en esa ciudad con la ayuda de técnicos y peritos. En este contexto, la Fiscalía de Estado, que actúa como querellante, se adhirió a esta postura.

El juez de Garantías, Adrián Dvorzak, comunicó que tomará una decisión sobre las excepciones planteadas una vez que se completen las audiencias, programadas para varias fechas hasta principios de octubre. Al concluir esta fase, se espera un pronunciamiento sobre el futuro de la causa y su jurisdicción correspondiente.