Causa Viento Sur: Avanza la etapa de pruebas en Neuquén

La segunda audiencia del caso Viento Sur tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde se presentaron las declaraciones de los defensores de los acusados. Los abogados argumentaron en contra de las acusaciones dirigidas hacia exfuncionarios provinciales y miembros de la cooperativa implicada en el caso. Entre los presentes, se encontraban el exconcejal Federico Sánchez y la exlegisladora Gabriela Suppicich, así como los exministros de Desarrollo Social del gobierno de Omar Gutiérrez, Abel Di Luca y Germán Chapino.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la conformación de un tribunal colegiado, aduciendo la gravedad de la supuesta maniobra de fraude que se investiga. Se busca que las potenciales condenas superen los tres años de prisión, lo que contrasta con las defensas que concluyen que no hay evidencia suficiente para proceder y piden el sobreseimiento de los acusados. La audiencia fue interrumpida para retomar las deliberaciones y se espera que la próxima semana se escuchen más objeciones.

El centro de la investigación gira en torno a cómo se utilizó la estructura estatal para establecer la cooperativa Viento Sur, incluidas las implicaciones del uso de fondos públicos cuyos destinos no fueron claros. Las responsabilidades apuntan particularmente a Di Luca y Chapino, quienes son cuestionados por su papel en la aprobación de desembolsos, que, según la acusación, estaban destinados a planes de capacitación.

El jefe fiscal, Pablo Vignaroli, resaltó la irregularidad en la gestión de los fondos, mencionando que Di Luca infrigió condiciones establecidas en el decreto 1672 al autorizar pagos fuera de las pautas convenidas. Esto sugiere un daño económico que podría ascender a más de 1.200 millones de pesos, entre julio de 2022 y diciembre de 2023.

Las respuestas de los abogados defensores han variado significativamente. Mientras que los representantes de los exministros no ofrecieron aclaraciones sobre las acusaciones, los defensores de los miembros de la cooperativa argumentaron que la investigación se inició mediante allanamientos que generaron una cobertura mediática que los presentó como culpables desde el inicio del proceso.

La etapa de pruebas será fundamental para definir el rumbo del caso una vez que se resuelvan las objeciones y se confirmen los testigos y peritos que participarán del juicio oral. Este proceso será crucial para los acusados y para el eventual esclarecimiento de las responsabilidades en esta compleja situación judicial.