Causa Viento Sur: Defensas cuestionan juicio y la fiscalía solicita tribunal colegiado

La causa Viento Sur, que investiga supuestas irregularidades en la gestión de fondos destinados a capacitaciones sociales durante la administración del ex gobernador Omar Gutiérrez, está en la mira judicial. La jueza de garantías, Natalia Pelosso, deberá decidir esta semana si se lleva a cabo el juicio por defraudación contra los ex ministros Abel Di Luca y Germán Chapino, junto a integrantes de la cooperativa Viento Sur.

Las defensas de ambos ex ministros han negado las acusaciones y solicitaron su absolución, afirmando que no existió delito alguno en el manejo de los recursos destinados a capacitación. Aseguran que los subsidios estaban debidamente contemplados y que las actividades de capacitación se llevaron a cabo, por lo que consideran que la fiscalía no puede demostrar su caso.

Por su parte, la fiscalía ha presentado una denuncia por un supuesto fraude que ascendería a más de 1.208 millones de pesos, alegando que los fondos de capacitación fueron desviados hacia fines particulares. La fiscalía, representada por el fiscal general Pablo Vignaroli, ha argumentado que las pruebas presentadas justifican la apertura de un juicio. Además, ha solicitado que el proceso sea llevado a cabo por un tribunal colegiado, compuesto por tres integrantes.

En caso de que el juicio se lleve adelante, se prevé la citación de altos funcionarios de la administración anterior que están vinculados a la gestión de Desarrollo Social, así como de algunos miembros de la actual administración y representantes de cooperativas que hayan recibido subsidios similares. Esta magnitud de testigos es relevante, ya que podría influir en el desarrollo y resultado del juicio.

La jueza Pelosso ha programado una nueva audiencia para el próximo miércoles, donde se completará la presentación de pruebas que se utilizarán en el juicio si este se realiza. Las defensas han señalado que es vital la convocatoria de figuras clave de la gestión anterior, como el ex ministro de Economía y otros altos funcionarios, quienes podrían aportar al esclarecimiento de los hechos.

La situación en Neuquén genera incertidumbre, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de programas sociales que dependen de estos fondos. La atención local se centra no solo en el desarrollo judicial de la causa, sino también en las repercusiones que esto puede tener para las políticas sociales implementadas en la provincia, en un contexto donde la gestión de recursos es un tema de continua discusión.

La resolución de esta causa no solo podría tener implicaciones penales para los imputados, sino también afectar la confianza en la administración pública y el manejo de fondos destinados a la asistencia social, un aspecto crucial en la actualidad de Neuquén.