Causa Viento Sur: Definición sobre juicio a ex ministros y organizaciones sociales

En Neuquén, la causa conocida como "Viento Sur" se encuentra en una etapa decisiva, donde la jueza Natalia Pelosso debe determinar si existen elementos suficientes para llevar a juicio a dos ex ministros de Desarrollo Social, Abel Di Luca y Germán Chapino, junto a seis miembros de organizaciones sociales. Estas entidades están siendo investigadas por el uso indebido de fondos destinados a un programa de capacitación que, según la fiscalía, fue creado para defraudar al Estado provincial.

Las acusaciones contra estos ex funcionarios, pertenecientes al gobierno de Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino), apuntan a que el dinero no se dirigió a capacitaciones, como estaba previsto, sino que en realidad se utilizó como un subsidio encubierto. La fiscalía, liderada por Pablo Vignaroli, sostiene que los ministros tomaron decisiones que condujeron a este desvío de fondos, aunque defensores de los imputados argumentan que se está intentando deslegitimar a las organizaciones sociales mediante una "persecución" política.

La situación es compleja, ya que el programa en cuestión fue implementado en el contexto de una crisis social post-pandemia, cuando la pobreza se disparó. Los abogados defensores argumentan que la intención del programa era ayudar a mitigar el impacto socioeconómico y sostienen que no hay fundamento para las acusaciones en términos penales. En sus intervenciones, los defensores han expresado que hasta ahora solo se ha evidenciado una postura política en lugar de hechos delictivos concretos.

Por otro lado, la fiscal del caso, Rocío Rivero, rechaza la visión de los defensores y sostiene que los datos recopilados indican que no hubo un verdadero plan de capacitación. Según sus declaraciones, se presentaron listados que parecían destinados al pago de salarios, con beneficios para los mismos referentes de la cooperativa. La situación se complica con la inclusión de testigos, como el fiscal de Estado Raúl Gaitán, que podrían confirmar aspectos relevantes del caso.

Las audiencias proseguirán este lunes y se espera que, en este marco, la jueza Pelosso resuelva sobre los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas. La decisión que tome podría determinar no solo el futuro de los imputados, sino también el rumbo de las organizaciones sociales en un contexto de creciente tensión política en la provincia.