Choferes bolivianos anuncian paro general en rechazo al aumento del diésel

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia ha convocado a un paro general para el 28 de septiembre, como reacción al reciente aumento en el precio del diésel, que pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos (aproximadamente 1,63 dólares) por litro. La decisión fue tomada durante un encuentro en Santa Cruz de la Sierra, donde se discutieron las implicancias de esta medida del Gobierno de Rodrigo Paz, que eliminó la subvención al combustible.

El dirigente del sector, Lucio Gómez, anunció que la protesta afectará todos los modos de transporte: urbano, interprovincial, e internacional, advirtiendo que el lunes no habrá servicio de transporte público en el país. Además, Gómez indicó que la acción podría escalar, incluyendo la posible suspensión indefinida de los servicios de transporte si no se satisfacen sus demandas de un incremento tarifario.

El Gobierno, sin embargo, defiende su posición, asegurando que solo el 19,7% de los vehículos de transporte público opera exclusivamente con diésel, destacando que la mayoría utilizan otros tipos de combustibles. Según el Ministerio de la Presidencia, esto implica que el impacto del aumento en el precio del diésel sería menor de lo que argumentan los choferes. En total, existen en Bolivia más de 202.000 vehículos destinados al transporte público.

La eliminación de la subvención fue formalizada a través del Decreto Supremo 5716, que establece un esquema de precios variables acorde a los valores del mercado internacional. Esta decisión fue tomada en el contexto de dificultades económicas que enfrenta Bolivia, entre las cuales se incluyen la escasez de divisas y el agotamiento de reservas, que han complicando la importación de combustibles.

En respuesta a la creciente movilización de los choferes, el Gobierno ha intensificado la presencia de fuerzas policiales y militares en vías estratégicas para prevenir bloqueos y piquetes, en el marco de un estado de excepción que prohíbe estas manifestaciones. Asimismo, se ha dispuesto un grupo de ministros en distintas regiones para comunicarse con los choferes y atender sus reclamos.

El costo de la crisis económica hace que Bolivia destine cerca de 55 millones de dólares semanales para las importaciones de combustibles, acentuando la presión sobre los recursos estatales y la necesidad de encontrar soluciones a esta problemática, que afecta tanto a transportistas como a la población en general.